En su intervención en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Burgos explicó que mientras no se establezca un nuevo modelo de cotización a tiempo parcial se aplicará el principio de un día cotizado por cada día trabajado.

Esta situación supondría unos 1.500 millones de euros en el pago de las reclamaciones de los que tendrían que haber accedido a la pensión desde el año 1995, cuando entró en vigor la norma actual; a los que se suman otros 100 millones de euros al año de las nuevas altas, con carácter acumulativo.

Además, Burgos alertó de que, hasta que se fije el nuevo sistema, que el Gobierno ya está negociando con los agentes sociales y los grupos parlamentarios, habrá una situación de "inseguridad jurídica" derivada del hecho de que cada juez podrá aplicar la normativa que crea conveniente.

Ante esta situación, Burgos recordó que los plazos que la ley permite para el reconocimiento de estas pensiones son “amplios”, en la mayoría de casos de tres meses, y consideró que agotarlos podría ser “útil”para evitar al sistema “más lesión económica” de la que ya se verá obligado a afrontar.

Así, explicó que el Ejecutivo resolverá los casos menos complicados, como los de los subsidios, mientras que en las pensiones “la solución más lógica sería agotar ese plazo mientras se busca una decisión definitiva”. “No son retrasos, sino utilizar el margen que la ley te da”, apuntó.

Por otro lado, el secretario de Estado apuntó que el Gobierno ha hecho una “estimación”sobre los afectados por esta medida en 2012, que serán alrededor de 50.000 en el caso de las pensiones y de algo más de 30.000, unos 32.000, en el de los subsidios.

En cuanto a la solución que podría plantear el Ejecutivo, señaló que el Constitucional se ha centrado en el periodo de carencia, por lo que considera que “la mejor forma de empezar sería dar una vuelta a las posibilidades en esta materia”, pero añadió que “no descartamos que haya que hacer una reforma más amplia”.

También alertó de que este sobrecoste del Sistema se sufragaría "exclusivamente con las cuotas".

En una línea similar, los grupos de la oposición reclamaron al Ejecutivo que busque "el mayor consenso posible" a la hora del establecimiento del nuevo modelo de cotización.

Por su parte, Burgos recordó que ésta es la segunda sentencia del Constitucional contra la cotización a tiempo parcial, por lo que sostuvo que a la "tercer tiene que ir la vencida".

"INDUDABLES DEFICIENCIAS"

A pesar de que el secretario de Estado admitió que el modelo aplicado hasta ahora presentaba "indudables deficiencias", alertó de que la situación derivada de la sentencia provocará también situaciones discriminatorias.

Por ejemplo, comparó la situación entre dos personas con 15 años trabajados, una a tiempo completo y con una base de cotización de 641 euros al mes y la otra con una jornada del 10% y una aportación de 300 euros.

En el primer caso habría aportado al sistema 38.113 euros, tendría una pensión que representaría el 96% de su último salario (es decir, una cuantía menor), y el valor de la prestación sería 3,7 veces la cuota pagada.

Por el contrario, el trabajador a tiempo parcial habría aportado casi una tercera parte (13.491 euros), la pensión sería más del triple que su último salario y superaría en 11,7 veces lo cotizado.

Según Burgos, la sentencia tiene un "efecto muy potente", ya que no opera sólo sobre las reglas de acceso a la pensión de jubilación, sino que se extiende a todas las prestaciones sobre las que se exija un periodo de cotización, y se retrotrae al momento en su entrada en vigor, en 1995.

FONDO DE RESERVA

Por otro lado, Burgos presentó ante la comisión del Pacto de Toledo el informe sobre la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en 2012.

En este sentido, el secretario de Estado defendió que la dureza de la crisis actual ha superado "todas las dificultades que se podían esperar", y sostuvo que eso es lo que ha obligado al Gobierno a recurrir al Fondo de Reserva por importe de 7.003 millones de euros.

No obstante, aseguró que estas acciones de retirada de fondos de la 'hucha' de las pensiones se han hecho "en los momentos precisos y las cuantías indispensables" para cubrir el pago de pensiones "y para ninguna otra cosa".

Preguntado sobre si el Ejecutivo recurrirá este año al Fondo de Reserva, recordó que hay "dos momentos puntuales" de tensión en la tesorería de la Seguridad Social, que es el pago de las extras de los pensionistas.

"Veremos si estamos en condiciones de sufragar el pago completo de las prestaciones", dijo el secretario de Estado, quien añadió que en el primer trimestre "no ha sido necesario" utilizar la 'hucha' de las pensiones y subrayó que el Ejecutivo trabaja para que, si al final tuviera que recurrir a ella, "sea lo más tarde en el tiempo posible".

También explicó que ha continuado el proceso de venta de deuda extranjera, reduciendo su peso sobre el total de la inversión de la Seguridad Social y representando ya menos del 3%.

Ante las dudas sobre la idoneidad de invertir casi todos los fondos en un mismo país, Burgos recordó que por ahora el Tesoro ha pagado puntualmente y defendió que la calificación de la deuda española por parte de las agencias ofrece "parámetros de protección más que adecuados".

Asimismo, criticó a los que hacen una "sacralización del Fondo de Reserva" como si "estuviera ahí para adorarlo". Sin embargo, insistió en que esta 'hucha' es "un instrumento para la financiación, y no un fin".

"A todos nos gustaría no tener que haberlo utilizado", admitió Burgos, quien, no obstante, añadió que "decir que se va a consumir rápidamente es fácil, pero poco realista".

Por último, sobre el establecimiento de un factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones para garantizar su viabilidad en el futuro, subrayó que el Gobierno estudiará los informes que le lleguen pero aseguró que será el Ejecutivo junto a los grupos parlamentarios los que lo diseñen.

También declaró que el factor de sostenibilidad "operará de forma decisiva" sobre el sistema de pensiones "en los próximos años".