Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, dijo a Servimedia que la futura ley introduce cuestiones que suponen una desprotección muy importante del medio ambiente, lo cual la hace "bastante preocupante".

"Es una forma de colar todo tipo de proyectos bajo el paraguas de una evaluación ambiental en la que no puedes entrar tanto al detalle", subrayó el responsable de Ecologistas en Acción, quien advirtió de que un aspecto especialmente grave de esta norma es la creación de la figura de los bancos de conservación, que puede suponer una "patente de corso" para "destrozar" el medio ambiente.

Por su parte, Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace, indicó a Servimedia estar también "muy preocupado", ya que esta futura ley, como otras que se están poniendo en marcha por parte del Gobierno, consolida la tendencia a introducir una inseguridad jurídica que supone aceptar las propuestas de diferentes sectores económicos para favorecer sus intereses.

En definitiva, añadió Soto, de lo que se trata es de reducir el papel del Estado y generar inseguridad en la política ambiental. "Cada vez más los operadores privados tendrán menos condicionantes en este país, menos trámites, para que se pueda velar por el interés público", remarcó el portavoz de Greenpeace, quien insistió en que toda la arquitectura legal que ha servido para proteger el medio ambiente está siendo desmantelada para agilizar o abaratar proyectos que deberían ser vigilados por las administraciones públicas.