En rueda de prensa, Martínez Camino destacó que desde hace años, la CEE “presenta un informe a las autoridades competentes” sobre el empleo que la Iglesia realiza de los fondos que los ciudadanos deciden asignarle de forma voluntaria a través de la declaración de la Renta.

“Esto ha sido así todos los años, pero ahora queremos que una auditoría externa verifique el informe”, señaló el portavoz, quien precisó que “la transparencia es un modo ordinario de funcionamiento para la Iglesia en cuestiones económicas”.

Preguntado sobre la inclusión de la Iglesia en la futura Ley de Transparencia, Martínez Camino recalcó que “ya estamos funcionando así”, con lo que “bienvenida sea la transparencia”.

“Si las leyes imponen algo más preciso estaremos a lo que estas dispongan, porque no hay ninguna prevención ni ningún miedo”, insistió.

Asimismo, señaló que la Iglesia ya informa del destino que da a los recursos obtenidos a partir del IRPF, pese a que estos no se corresponden “con ninguna partida concreta de los Presupuestos Generales del Estado, pues dependen de la voluntad de los ciudadanos que deciden marcar esta casilla en su declaración”.

No obstante, Martínez Camino apuntó que “no es legítimo” contabilizar como dinero que recibe la Iglesia la financiación para los centros concertados católicos o los sueldos de los profesores de religión. La subvención a los centros concertados “es para los padres que libremente elijen estos colegios, ya sean católicos, laicos o laicistas”, explicó. “Es la forma", añadió, "en que el Estado garantiza el derecho a que los padres elijan la enseñanza que desean para sus hijos, sean católicos o no”.

Del mismo modo, subrayó que el dinero de los sueldos para docentes de religión “se entrega a los institutos porque son estos los que pagan a los profesores, ya sean católicos o musulmanes”. De nuevo, se trata de “una forma por la que el Estado garantiza el derecho a los padres que no pueden llevar a sus hijos a otros centros a que estos reciben una mínima enseñanza religiosa”, concluyó.