Según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, con este anteproyecto, el Gobierno quiere subsanar las deficiencias del actual modelo y prevé, de acuerdo con las directivas comunitarias, que se sometan a evaluación ambiental los planes, programas o proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

En este sentido, establece que la evaluación sea especialmente garantista en el caso de los proyectos para los que se prevean impactos significativos, pero más ágil y menos costosa para las iniciativas con una menor incidencia ambiental.

Entre otras medidas, la norma especifica que la falta de pronunciamiento del órgano ambiental en los plazos legalmente establecidos en ningún caso podrá entenderse como una evaluación ambiental favorable. Exige, asimismo, una mayor calidad en los estudios y documentos sobre los que deben pronunciarse los órganos ambientales.

Desde el punto de vista de los procedimientos, el anteproyecto ajusta los tiempos de tramitación, especialmente en la evaluación de impacto ambiental, y establece un plazo de entre cuatro y seis meses de duración, lo que evitará dilaciones de difícil justificación en el plano ambiental.

Arias Cañete indicó que la media actual de resolución de los proyectos sujetos al procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental se sitúa en 3,4 años. Añadió que la norma pretende, por tanto, solucionar los problemas detectados en el ámbito de la evaluación ambiental, ya que en la actualidad existen alrededor de 10.000 expedientes pendientes de resolver en el conjunto de las administraciones.

El ministro aseguró que la futura ley, al tiempo que garantiza un alto nivel de protección medioambiental, tendrá efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo, ya que las tramitaciones ajustadas a los nuevos plazos incentivarán la inversión y, al simplificar los procedimientos administrativos, también promoverá, dijo, la generación de puestos de trabajo.

En concreto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente calcula que tendrá un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros y que generará unos 80.000 empleos.

FRACTURA HIDRÁULICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

En consonancia con el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo (actualmente en tramitación parlamentaria), la nueva ley someterá a evaluación todos los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o 'fracking' para la extracción de hidrocarburos. Arias Cañete indicó que, hasta ahora, esta técnica no estaba regulada expresamente por la normativa.

Otra de las novedades introducidas en la norma es que integra el estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio climático y que crea los bancos de conservación de la naturaleza, un nuevo instrumento de mercado para compensar, reparar o restaurar las posibles pérdidas netas de los valores naturales.

El anteproyecto presentado hoy establece una detallada regulación de los procedimientos ambientales de aplicación en el ámbito de la Administración General del Estado, mientras que las comunidades autónomas que decidan establecer su propia normativa deberán respetar los principios básicos contenidos en la nueva ley.

Con esta finalidad, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente asumirá el papel de foro para la propuesta y el debate de las reformas legislativas necesarias para la adaptación de la normativa autonómica a la futura Ley de Evaluación Ambiental.

Por último, también promueve las nuevas tecnologías y el acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica y, en el ámbito de la participación, pretende favorecer el trámite de información pública al ciudadano.