A juicio del citado comité, las administraciones deben, "por supuesto", promover la responsabilidad social empresarial de índole privada, favoreciendo unas políticas públicas y un marco normativo, de incentivos y apoyos que estimulen la realización y extensión de este tipo de prácticas por los operadores del sector económico y la sociedad civil.

Pero ello, prosiguió la plataforma representativa de las personas con discapacidad, "siendo de enorme importancia, no basta".

En su opinión, los poderes públicos y las administraciones que los encarnan deben asumir y aplicar políticas y estrategias internas de responsabilidad social corporativa, como una dimensión más de su organización y procesos, comprometiéndose con la comunidad a la que sirven, "más allá de las obligaciones legales que por supuesto les corresponden y que son indeclinables".

Las administraciones públicas, insistió el Cermi, son también agentes de responsabilidad social corporativa "y no pueden permanecer por más tiempo ajenas a estas políticas, como si no fueran con ellas".

"Tienen un enorme espacio que recorrer y han de comenzar a transitarlo, para lo cual han de establecer estrategias, fijarse objetivos, definir procesos, poner calendarios y entablar contacto con sus grupos de interés, incluido el de las personas con discapacidad y sus familias", finalizó el comité.