Así lo dijo en una rueda de prensa el portavoz adjunto de dicho grupo parlamentario, Joan Coscubiela, quien manifestó que hoy el PP ha vuelto a demostrar, en el debate de la reforma hipotecaria, “que está secuestrado por los mercados financieros y por la presión, muy concretamente, de las cédulas hipotecarias”.

Pero, añadió, los mercados financieros no son los únicos que le marcan la agenda, también la Iglesia, a través del cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, a juzgar por las declaraciones que ha hecho pidiendo la derogación de la Ley del Aborto y la que regula el matrimonio homosexual.

Para Coscubiela, que “en una sociedad un grupo religioso, por muy legítimo que sea, imponga su moral al conjunto de la sociedad”, retrotrae a ésta “a la Edad Media y, sobre todo, afecta al derecho de las mujeres”.

“De ahí nuestro rechazo total y absoluto” a que se cambie la Ley del Aborto, “pero, sobre todo, que se haga al dictado de un grupo religioso, por muy legítimo que sea”, dijo Coscubiela, para quien el Concordato con la Santa Sede “debe ser denunciado, sin duda, pero no sólo en función del comportamiento que tenga en PP en la Ley del Aborto”.

“Sino porque es inconcebible que exista una especie de híbrido, que no se sabe si es religión o Estado, que le imponga a la sociedad española cosas tan laicas como el calendario laboral, su modelo educativo, su forma de subvención, sus pautas morales, sus leyes sobre aborto...”, dijo.

Con el PP, dijo Coscubiela, España ha vuelto a la época en la que los Papas no sólo imponían no sólo su poder religioso, sino su poder político. Ironizó que, “a este paso”, capaz es el Grupo Popular de retrotraer el Código Penal a 1976, cuando el adulterio era condenado con cárcel.

Por su parte, el portavoz de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, José Luis Centella, manifestó que su grupo parlamentario defiende el Estado laico, aconfesional. “A partir de ahí, no hemos estado de acuerdo con el concordato nunca”, dijo este diputado de IU, para quien el Gobierno no debe “legislar al dictado” de nadie.