Fuentes del Ministerio indicaron que el procedimiento que establece es de “una complejidad extraordinaria” y que la iniciativa “no es efectiva para resolver el problema” de los desahucios.

Desde Economía pusieron en duda la eficacia de la norma porque se recoge que estará sujeta a disponibilidad presupuestaria, lo que supone un “blindaje para sí misma".

Señalaron también que “no son medidas que desde que se aprueban tengan un efecto en la reducción de la deuda” del hipotecado, como sí ocurre con la legislación estatal del Gobierno.

Por otra parte, la Abogacía del Estado está analizando algunos puntos del texto, como por ejemplo los relacionados con el justiprecio de la expropiación y el pago previo.

Desde un punto de vista más político, fuentes ministeriales criticaron que se haga oposición al Gobierno a través de una ley de una comunidad autónoma.

Además, denunciaron que desde la izquierda se critique los umbrales de renta fijados en la norma estatal, cuando en el decreto de la Junta se han establecido los mismos.