Según el citado fallo judicial, si en un grupo hay un alumno que solicita estudiar en castellano, todos deberían recibir las clases en esta lengua.

El acatamiento de una sentencia “no es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer”, afirmó Wert, quien agregó que "la Constitución dice en su artículo 117.3 que son los juzgados y los tribunales los que tienen que hacer cumplir las sentencias”. Por lo tanto, continuó, "es algo en lo que ni el Gobierno de la Generalitat ni el Gobierno de España entran”.

Finalmente, Wert apuntó que todo lo referido a la enseñanza del catalán y el castellano debería aclararse normativamente, y aseguró que este es uno de los objetivos de la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).