En una nota de prensa, AUME criticó también la demora en la notificación de la denegación del 'habeas corpus' a Bravo, que considera "irregular" por cuanto es imprescindible para iniciar los trámites de impugnación de tal denegación.

Igualmente, esta asociación se opone a la afirmación del auto de que la libertad de Bravo, “podría poner en peligro la consecución de los objetivos que se pretenden con la ley disciplinaria” y las "misiones" de las Fuerzas Armadas".

En tercer lugar, rechaza y a su justificación de la autoridad del general jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejercito de Tierra, que fue quien ordenó el arresto de Bravo por sugerir que los recortes del Ministerio de Defensa se aplicaran a los actos y festejos militares superfluos en lugar de a los salarios de los funcionarios.

Como conclusión, AUME cree que la situación de Bravo "demuestra la perentoria necesidad de acometer la reforma de la justicia militar", que, al depender de un Ministerio, no guarda la separación de poderes que el resto de tribunales.