Rubio reaccionó así, en un debate sobre los desahucios celebrado en Servimedia en el que también participó el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Leopoldo Barreda, a la petición del portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito.

Benito le rogó que los activistas contra los desahucios “actúen dentro de la legalidad y con sentido común”. Según dijo, la policía teme que “esto vaya a más” debido a la “rentabilidad” de su “efecto mediático” y que al final “se nos vaya de las manos”.

El abogado de la PAH aceptó: “Le tomo la palabra, se va a actuar con sentido común”. Admitió que el escrache “molesta” y que “es normal que escueza a los políticos”, pero se reafirmó en que éstos “tienen que sentirse partícipes del dolor de los ciudadanos” y en que los escraches sólo acabarán “cuando se ponga fin a los desahucios”.

Rubio comenzó el debate denunciando la “gran sobreactuación” y las críticas “desproporcionada” que a su juicio están mostrando “ciertos políticos” del PP, a los que recordó que las primeras acciones que evitaron desahucios datan de 2010, cuando gobernaba el PSOE.

Según alegó, el escrache tiene un protocolo que establece que se trata de “una acción informativa totalmente pacífica” que no debe “importunar a los vecinos” y en ningún caso a los niños, sino “explicar cada caso sin insultos ni amenazas”.

"MEDIDAS DE CONCIENCIACIÓN"

Por eso, se reafirmó en agotar “hasta al último momento” estas “medidas de concienciación” para promover la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios en trámite y el alquiler social.

Por su parte, Barreda aplaudió el cordón de seguridad que el Gobierno ha ordenado establecer en torno a las viviendas de las víctimas de escraches porque es su obligación garantizar la seguridad de las personas y los bienes frente a lo que él piensa que son “asaltos”.

En su opinión, estas acciones no cumplen el protocolo desgranado por Rubio, pues afectan a niños y enfermos y buscan exigir un cambio de voto a los parlamentarias, una pretensión “ilegítima”.

En el País Vasco, además, la monopoliza el entorno de Batasuna con las “mismas pautas del pasado”, y los mismos que se manifiestan contra los desahucios lo hacen por los presos de ETA.

A Benito, en cambio, le parece “complicado” operativamente establecer un cordón de seguridad alrededor del domicilio de cada político que puede ser asediado, si no se sabe de antemano que el escrache va a tener lugar.

"NO ES DE RECIBO"

Ahora bien, coincidió con Barreda en que el protocolo de la PAH no se está cumpliendo y en que el “acoso” que están sufriendo ciertos políticos “no es de recibo” y “alguna medida había que tomar”.

Rubio insistió en que el escrache es “un instrumento” que se utiliza después de haber “agotado un montón de vías para ir sensibilizando a la población” y de que el PP esté enmendando la Iniciativa Legislativa Popular hasta inutilizarla.

Lo que se hace, explicó, es “trasladar del afectado al diputado” las consecuencias de su voto, una “interacción” para destacar que éste afecta a la vida de los desahuciados condenados a la “exclusión social”.

Y, frente a los 600 desalojos que asegura han impedido los escraches, reprochó la inacción de los políticos: “Estamos hartos de que se diga que se conoce el problema pero no se impide ningún desahucio”.

Para Barreda, la justificación del escrache es “un disparate” que busca “sustituir la democracia representativa por la asamblea en la calle”. Según dijo, no hace falta que a los políticos les informen de una situación que ya conocen, y acudir a su casa a insultarles “no es una interacción” y “está más cerca del Código Penal que de la relación personal”.

"¡QUÉ ME VAN A CONTAR EN MI CASA!"

“¡Qué me van a contar en mi casa que no me hayan contado antes!”, apuntaló, asegurando que él también tiene conocidos con problemas de hipotecas y que en su familia están preocupados por el escrache previsto contra él mismo la semana que viene.

Las “coacciones” y la “instrumentalización” de los desahucios “al servicio de la radicalidad política”, argumentó, tampoco solucionan el problema, que pasaría por las medidas que está preparando el Gobierno en favor de la conservación de la vivienda y no de la dación en pago, que también supone su abandono.

Algunos aspectos de la ILP se han incorporado a la futura ley hipotecaria, aseguró, pero no se puede pretender que se incluya entera, y, contra lo que sugirió Rubio recordando la reforma de la Constitución para incluir el equilibrio presupuestario, dijo que no se pueden parar los desahucios por real decreto.

El abogado de la PAH se defendió de las acusaciones recordando que en la mayoría de los escraches no hay coacciones ni extralimitaciones, y que a veces políticos y manifestantes acaban hablando y “confraternizando”, algo que le gustaría que también contaran los medios de comunicación.

“El escrache es una forma suave de decir ‘basta ya’”, caracterizó. “No queremos que se llame asesino a nadie, pero no podemos contralarlo absolutamente todo y la gente ya acumula un buen cabreo”. En particular, dijo que los movimientos del País Vasco no tienen nada que ver con la PAH, aunque coincidan en el rechazo a los desahucios.

"DERECHO DE COACCIÓN"

Barreda le contestó que hay “un movimiento organizado” que, si convoca una concentración, tiene que controlar lo que pasa en ella. “Nunca hemos discutido el derecho de reunión, sino el derecho de coacción”, distinguió. “No se puede ir a exigir a un señor un posicionamiento político. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Es fascismo en estado puro”.

Por eso, calificó de “literatura” la doctrina de Rubio y le instó a condenar las extralimitaciones de algunos escrachadores y las connivencias en el País Vasco. “Si gente se extralimita, lo condenamos. No nos parece nada bien”, concedió el abogado de la PAH, quien no obstante afirmó que también los empresarios y los banqueros hacen “lobby” para orientar la política a su favor.

José María Benito terció en favor de Barreda al observar que “o estamos en la democracia o estamos fuera”, y que “a la gente elegida democráticamente no se le puede condicionar el voto”.

Así, invitó a la PAH a formar un partido político y presentarse a las elecciones con la dación en pago en su programa, y calificó de “antidemocrática” la concentración ante el Congreso de los Diputados programada para el día 25, que exigirá la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones.

Sobre el operativo que les reclama el Gobierno, criticó las incoherencias de Interior al marcar las distancias del cordón de seguridad y que no hace falta que diga a la policía lo que tiene que hacer, pues ya sabe que en las concentraciones ilegales hay que identificar a los participantes y en las que incurran en delitos detenerlos.

Lo que ocurre, alegó, es que el "efecto sorpresa" que caracteriza a los escraches impide preparar con suficiente antelación el cordón de seguridad en torno a las viviendas de sus objetivos.