Ruiz Gallardón explicó en los pasillos del Congreso que el Gobierno no tiene todavía "conocimiento oficial" de esta iniciativa y hasta que no esté formalmente aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Andalucía con comenzará a estudiarlo.

Garantizó que el Ejecutivo central tendrá una "actitud de estudio" para ver "cual es el encaje legal y cuales son sus hipotéticos efectos" de esta norma y "lo vamos a hacer con toda la seriedad que merece el asunto".

En todo caso, el ministro puntualizó que en este momento el Parlamento "está dando respuesta a un problema que viene de antiguo, pero que afecta a muchos españoles".

El Gobierno cree, además, "que las medidas que se adopten tienen que tener una cobertura legal, leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y que afecten a todos los ciudadanos españoles. No creemos que este sea un problema cuya solución" dependa de que las comunidades autónomas "quieran o puedan abordarlo".

El titular de Justiciainsistió en que "la respuesta tiene que ser para la totalidad de los ciudadanos españoles al margen de la comunidad autonoma en la que vivan. La respuesta que se de a un problema nacional, tiene que ser una respuesta nacional".