Así lo recoge en la actualización de un informe sobre deudores hipotecarios y desahucios, que presentó durante una comparecencia en el Pleno del Senado, donde reclamó una reforma profunda y duradera de la legislación en esta materia que aporte “seguridad y estabilidad”.

Al margen de que algunas de sus propuestas hayan sido reflejadas en el texto legislativo que se tramita en el Congreso de los Diputados, la Institución insiste en que aún hay varias medidas que se pueden seguir promoviendo.

Entre ellas, destaca la creación de un procedimiento para las situaciones de insolvencia personal y familiar “para que se pueda conservar la vivienda y encontrar una vía de salida reduciendo y alargando las obligaciones de pago”, señaló la defensora.

Se trata, de dar una segunda oportunidad al deudor, de forma que pueda que pueda pagar sus deudas de forma ordenada, explicó la institución en un comunicado.

Asimismo, Becerril propone establecer un acto previo de conciliación en el que el juez esté dotado de la facultad de imponer un acuerdo razonable, limitar los “abusivos” intereses de demora y los gastos de ejecución, aplicar la dación en pago en algunos casos, y elaborar el concepto jurídico de “deudor de buena fe”.