Así lo dijo en durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, en el debate parlamentario sobre la toma en consideración de la proposición que su formación ha presentado para modificar la Ley de Partidos, e ilegalizar Amaiur, aunque el texto no lo dice expresamente.

Tras destacar que el Pacto Antiterrorista suscrito en su día por PSOE y PP es el “instrumento antiterrorista más importante del que se ha dotado” España, Díez señaló, “a la luz de la experiencia”, son necesarios “más y mejores” herramientas jurídicas.

Por eso, defendió que criticar la detención de terroristas debe ser considerado motivo de ilegalización un partido, así como omitir el rechazo o condena pública, expresa e inequívocamente, de las acciones y trayectoria de un grupo terrorista o violento.

Para Rosa Díez, hay que aprobar las medidas necesarias para “evitar la burla al estado de derecho y la humillación al conjunto de la sociedad y particularmente a las víctimas”.

Para UPyD, y así lo dijo Rosa Díez en la tribuna, “negar el carácter criminal del terrorismo es una forma de legitimarlo y supone un apoyo tácito a tales comportamientos y una humillación a las víctimas, porque no hay mayor ofensa que comparar el sufrimiento de las víctimas con el de sus verdugos”.

ES HORA

A juicio de Rosa Díez, “es hora pues de combatir esa legitimación no sólo desde el discurso político sino también desde el reproche penal” y puso como ejemplo a seguir a Alemania. “Presentará en junio, a través del Bundesrat, un recurso ante su Tribunal Constitucional para ilegalizar el partido nazi”, dijo.

Para UPyD, ETA “sigue siendo hoy el enemigo mortal de nuestra democracia” y “no hay mayor corrupción política que la permisividad, por acción u omisión, ante el terror”. “Ninguna democracia que merezca tal nombre permite que caballos de Troya del totalitarismo penetren en las instituciones”, sentenció.

El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro (PP) explicó la falta de necesidad de sacar adelante una propuesta como la que defendió este martes Rosa Díez.

En este sentido, explicó que el Tribunal Constitucional ya elaboró un “catálogo exhaustivo” de la conductas que pueden conducir a la ilegalización de un partido, hasta tal punto que amplió las ya previstas en la Ley de partidos Políticos.

En este sentido, recordó que la doctrina del Tribunal Constitucional “es fuente de derecho, tiene carácter vinculante y puede ser invocada en cualquier momento”.

Además, señaló que puede haber cosas que “repugnen políticamente” pero que sean “viables jurídicamente” y pidió a Rosa Díez que no vuelva a llevar a la Cámara Baja una iniciativa “de forma unilateral, que se separa del consenso y de la unidad necesaria en esta materia”.

A AMAIUR

Tras asegurar que el Gobierno “no va a ser nunca permisivo” en materia antiterrorista, Bermúdez de Castro pidió a Amaiur que suba a la tribuna para pedir “la disolución final de ETA y un final con vencedores y vencidos”. “Ustedes podrán ser legales, pero ustedes nunca nos van a dar ninguna lección de derechos y libertades”, afirmó.

No sólo el PP se mostró en contra de la toma en consideración de esta iniciativa y anunció su voto negativo. PSOE, CiU, IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, PNV y dos formaciones del Grupo Mixto (la propia Amaiur y ERC) también.

Así, la diputada Susana Sumelzo (PSOE) recordó que la Ley de Partidos está pensada para que sean las actividades y las conductas antidemocráticas las que no se consienten. “Nuestro sistema permite la libertad de partidos, pero limita que las bandas terroristas lo usen para entrar en el sistema democrático”, dijo.

Explicó también que es el Tribunal Constitucional el que tiene “la última palabra y la capacidad de dictar sentencia e ilegalizar”. “Una vez que dicte su dictamen, los demócratas debemos acatar y respetar”, señaló.

Esta diputada socialista defendió un sistema de pluralidad en política en el que todas las ideas defendidas democráticamente tengan su espacio en la Cámara Baja.

Por su parte, Jordi Janè, del Grupo Parlamentario CiU, señaló que decretar la ilegalización de un partido político o negar su inscripción en un Estado democrático “es un hecho muy grave”.

Joan Josep Nuet, del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, señaló que normas como la Ley de Partidos pretenden “criminalizar determinadas ideas y comportamientos políticos que forman parte de la pluralidad d nuestro país y de nuestra historia”.

DESMESURA

Emilio Olabarría (PNV) dijo que la soledad en la que quedará la propuesta de UPyD en la votación de hoy demostrará la “desmesura de su pretensión”, al tiempo que calificó de “aberración jurídica” las medidas propuestas por Díez.

Por parte del Grupo Mixto intervinieron Rafael Larreina (Amaiur) y Joan Tardà (ERC). El primero criticó a Rosa Díez que para ella, “la única democracia posible” es la que ella propone. Defendió que hay que defender las libertades y la democracia, “reforzándolas”, nunca recortándolas.

Coincidió con Rosa Díez en que hay que “escribir el pasado”, denunciando todas las injusticias que se han cometido, “sin excepciones”. “Eso no significa ni comparar ni equiparar”, apuntó.

Por su parte, Joan Tardá (ERC) señaló que mientras que la Ley de Víctimas del Terrorismo fue aprobada por unanimidad, la Ley de Partidos no contó con el apoyo de la Cámara Baja al completo. “Todos los demócratas sabemos que, por mucho que hagan los Estados para con las víctimas, siempre será poco”, dijo.

Además dijo que “no es contradictorio estar en contra de la Ley de Partidos” (que “cercena” los derechos democráticos y supone una “vuelta de tuerca” de los derechos civiles) y estar a favor de la paz y de las víctimas.

LA PROPOSICIÓN DE UPyD

En la exposición de motivos de su proposición de ley, UPyD señala que el objetivo es “evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan, directa o indirectamente, la violencia terrorista, puedan utilizar nuevas vías o artificios jurídicos cada vez más perfeccionados para, fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación institucional, a fin de destruir la democracia desde dentro”.

Para UPyD , que se ampara en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “conviene precisar en la Ley de Partidos que la mera falta de condena del terrorismo, mediante actos reiterados y concluyentes, ha de tener la consideración de apoyo tácito del terrorismo, sirviendo por sí misma de presupuesto habilitante suficiente para declarar la ilegalidad del partido o denegar su inscripción”.

En su texto, UPyD propone además que un partido político sea declarado ilegal cuando difunda “por cualquier medio” ideas o doctrinas que “nieguen la existencia de la historia criminal o terrorista o legitimen, exculpen o minimicen las acciones o fines, pasados, presentes o futuros, de las organizaciones terroristas, negando el carácter delictivo de sus actos o defendiendo la existencia de una hipotética justa causa que los justifique”.

Asimismo, UPyD quiere que también se tengan en cuenta las actuaciones y posicionamientos de los miembros del partido político a ilegalizar, pues pueden “revelar efectivamente los verdaderos fines” de la formación.

“En todo caso, el comportamiento de los políticos incluirá de ordinario no sólo sus actos o discursos, sino también, en determinadas circunstancias, sus omisiones o silencios, que podrán equivaler, si se manifiestan de forma inequívoca, a tomas de postura expresas”, señala el texto cuya toma en consideración se debatirá y votará en el Pleno del Congreso de los Diputados del próximo martes, 9 de abril.

El texto no cita expresamente a Amaiur o a Bildu, pero sí cita la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2009, sobre Herri Batasuna y en la que esta institución judicial afirma que “no puede exigirse al Estado que espere para intervenir a que un partido político se apropie del poder y comience a poner en práctica un proyecto político incompatible con las normas del Convenio o con las normas de la democracia”.