De los 328 internos entrevistados durante 1.277 visitas, un total de 56 tenían hijos en España (11 de ellos de nacionalidad española). Así lo puso de manifiesto el director de esta ONG jesuita, Manuel Izuzquiza, quien destacó la “gran vulnerabilidad de las personas ingresadas en estos centros”, ya que indicó que reciben una “atención muy deficiente”.

Según el estudio, “16 de los internos tenían enfermedades físicas graves que se empeoraron debido a su estancia en los CIE, y otros 8 padecían enfermedades mentales graves.

Además, 83 necesitaban intérpretes, 127 no tenían a nadie que los visitara, sobre 6 de ellos existía la duda de si podían ser menores de edad y 2 mujeres presentaban indicios de haber sido víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Esta investigación subraya, que pese a las denuncias, la situación en los CIE “no ha mejorado”, y documenta de hecho cinco casos de “posibles malos tratos” y la muerte de una mujer a quien se negó atención médica.

NO SON DELINCUENTES

Izuzquiza expresó, además, “sus dudas” respecto a las estadísticas sobre el porcentaje de población con antecedentes penales recluida en los CIE, que según Interior asciende al 80%.

En rueda de prensa, aseguró que los cálculos de su ONG sitúan esta cifra en torno al 27%, y apuntó a que con esta “estrategia, el Ministerio quiere justificar un enfoque en la gestión de los centros basado solo en la seguridad y el control”.

La abogada y coordinadora del estudio, Cristina Manzanedo, explicó que “Interior equipara los antecedentes penales con los policiales”, por lo que personas que “simplemente han pasado por comisaría tras una pelea, han cometido una falta administrativa (carecer de documentos) o tienen una orden de expulsión” son computados como tales.

Con todo, “lo peor es que personas de alta peligrosidad conviven junto a estos últimos y también con internos sin ningún cargo”, prosiguió, y a todos ellos se les aplican “procedimientos de urgencia (preferentes) al tramitar su expulsión".

A su juicio, Interior quiere “criminalizar” al colectivo de ‘sin papeles’ para justificar la forma en que funcionan los CIE (gestionados por la Policía Nacional), el sistema de ingreso en estos centros y el modo de expulsión.

Manzanedo subrayó que “más de la mitad de la población interna en los CIE no llega nunca a ser expulsada”, y que “solo un tercio de las expulsiones que realiza España al año proceden de dichos centros. Se supone que “lo único que justifica la retención en un CIE es facilitar la expulsión”, con lo que si esto no es así, “quizás es que los están utilizando para otra cosa”, resaltó.

PRIVACIÓN DE DERECHOS

A esto, agregó Izuzquiza, que el ingreso en un CIE solo debería implicar “una privación de la libertad de movimiento”, pero afirmó que en la práctica “vulnera derechos fundamentales como la libertad religiosa, la atención médica, el derecho a recibir información y a mantener comunicaciones, la asistencia letrada, etc.”.

Estos problemas obedecen generalmente a cuestiones de orden práctico, explicó Izuzquiza, pues la enfermería carece de medios, no hay lugares habilitados para el rezo y hay cuatro teléfonos a compartir entre más de 200 personas.

Además, prosiguió, “al ser gestionados por policías, estos centros funcionan como comisarías grandes y extendidas, donde en vez de a 10 personas por 72 horas se retiene a 280 internos durante dos meses”.

El informe concluye que todo esto es consecuencia del “abuso en el ingreso en los CIE”, que se utiliza como “única vía” al detectar a personas en situación irregular, y “nunca se contemplan otras posibilidades, como la multa”.

De echo, Izuzquiza confesó que “muchas veces nos preguntamos cómo es posible que esta persona haya llegado aquí”, pues “muchos de los internos llevan años en España, presentan un alto grado de arraigo (tienen familia e incluso menores a cargo), son potenciales víctimas de trata o solicitantes de protección internacional, están a la espera de que se resuelva un recurso a su favor o una solicitud de residencia e incluso llegaron a disponer de papeles que debido a la crisis han perdido”.

Esto demuestra, agregó, que a la hora de decidir el ingreso en los CIE y una eventual expulsión “se ignoran las circunstancias particulares de cada persona, lo que contradice la directiva europea”, sentenció el director.

En su opinión, el abuso en el ingreso “solo lleva a más hacinamiento, que, a su vez, genera más violencia y más represión”. El resultado “es angustia, incertidumbre y desesperanza de personas que ven interrumpidas sus vidas y no saben qué será de ellas, con dificultades para entender qué está sucediendo y para comunicarse con su abogado y sus familiares”.

Así se expresó Joaquín Pons, coordinador del grupo de Voluntarios del CIE de Barcelona, y lo mismo confirmó Robertulio Caicedo, un colombiano que pese a tener un hijo español y a convivir con su madre y con su hermana durante 9 años en España, ha pasado 2 meses en el CIE de Aluche.