La Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo denunció hoy que la Administración quiera modificar “de tapadillo”, por medio del Senado, una ley con la que contrarrestar la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a AENA a reducir los vuelos sobre el entorno de Algete (Madrid).

Portavoces de la Asociación, en rueda de prensa, mostraron su “sorpresa” por una iniciativa parlamentaria que fue aprobada por el trámite de urgencia el pasado mes de julio, y de la que tuvieron conocimiento hace apenas unos días.

Consideran que con la modificación de la normativa sobre navegación aérea quedan afectados derechos fundamentales al fijar por ley la “obligación” de los ciudadanos de “soportar” las consecuencia del tráfico aéreo, como reza textualmente la enmienda socialista.

El PSOE en la Cámara Alta argumenta que deben conciliarse los “intereses de la economía nacional y los derechos individuales y colectivos” de las poblaciones circundantes a los aeropuertos. “Este justo equilibrio”, alega, “obliga a las poblaciones circundantes de los aeropuertos a soportar el ruido”.

En este punto, el presidente de la Asociación Nacional de Afectados, Luis Ramírez, afirma que dicha enmienda “recorta de una manera inaceptable los derechos fundamentales de todos los españoles”, lo que, a su juicio, “parece más propio de actos del franquismo”.

Al encuentro informativo en Madrid acudió también Josep Velasco, representante del área de afectados de Cataluña, quien manifestó su convencimiento de que la iniciativa socialista esconde el objetivo de “pasar desapercibida” en una Cámara, el Senado, que tiene “menor relevancia” informativa, y que pretende quitarnos hasta el “derecho al pataleo”.

La secretaria de la Asociación Nacional, María Ángeles López, denunció, por su parte, errores en la forma de tramitar esta iniciativa, como que se haga con vocación de convertirse en ley por medio de una enmienda a un texto que “ni siquiera ha sido debatido en el Congreso”.

“A esa enmienda se le ha privado de la participación ciudadana. Tiene un déficit de participación elevadísimo”, lamentó López, para quien los aeropuertos “están ahí, pero las rutas se pueden cambiar, y este tipo de detalles pormenorizados no están presentes en la futura ley, que no va a resolver problemas, va a crear nuevos”.

Saturnino Polanco, en calidad de vecino afectado de la urbanización de Santo Domingo, en el entorno de Algete (Madrid), y promotor de las denuncias que resolvió el Tribunal Supremo dando la razón a los vecinos,

advirtió que la enmienda remite a una ley, la de Navegación Aérea 48/1960, “ preconstitucional” donde “se quita un parrafito y se mete un párrafo en el que se dice que a partir de ese momento “todo el mundo está obligado a...”.

La Asociación ha pedido a los grupos parlamentarios en el senado que veten esta enmienda. Además, han presentado una queja urgente al Defensor del Pueblo, otra queja al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y enviado comunicaciones a los senadores y diputados expresando su oposición a esta iniciativa parlamentaria.