El convenio ha sido suscrito por Feijóo, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, y el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, José Manuel Rey. La firma ha tenido lugar esta mañana en la sede del Consejo.

El presidente gallego explicó que con el convenio se establece un protocolo para que los jueces que llevan casos por desahucios, tanto por ejecución hipotecaria como por falta de pago de la renta, puedan comunicar a la Xunta de Galicia los casos de “especial vulnerabilidad”.

El Gobierno autonómico se lo comunicará a su vez a los ayuntamientos afectados para que los servicios sociales de ambas administraciones puedan adoptar las medidas oportunas, que pueden pasar por la concesión de viviendas de protección o de alquiler social.

Feijóo quiso destacar “el asfixiante drama” por el que pasan “muchas familias” que se ven afectadas por los desahucios y abogó porque las administraciones “afronten los problemas reales de la gente” y busquen “el bienestar de los ciudadanos con dificultades”. “Cada vez que una familia pierde su hogar se resiente los pilares de la convivencia”, aseguró.

Moliner, por su parte, subrayó que el objetivo del convenio firmado esta mañana es que los jueces y las administraciones pueden actuar de forma coordinada para evitar que los desahucios provoquen situaciones de especial “desvalimiento” y que los afectados tengan “riesgo de exclusión social”. Señaló en este sentido que las personas que sufren procesos de desahucios viven una “situación extrema”.