Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora el 8 de abril, estas organizaciones quieren que los visitantes conozcan de primera mano cómo es la vida en dichos lugares.

Intentan mostrar cómo es vivir “sin agua caliente, sin cuartos de baño, indefensos ante los continuos desalojos forzosos, sin acceso a un empleo, con educación en escuelas segregadas, con un pobre acceso a los sistemas de salud y sufriendo violencia y odio racista". Según Fundación secretariado Gitano (FSG), “la pregunta está clara: ¿Es esta la Europa en la que queremos vivir?”.

Durante este evento se recogerán firmas en apoyo a la campaña de AI dirigida a la comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Vivian Reding, en la que se le recuerda la "responsabilidad, la obligación y la capacidad de la Comisión Europea para garantizar el cumplimiento de la ley y luchar contra la discriminación.

FALTA COMPROMISO

La FSG y Amnistía celebrarán diversos actos de protesta y encuentros durante el lunes y el martes en Bruselas, a fin de que la Comisión adopte medidas eficaces a favor de los 6 millones de personas gitanas de la UE, que, en general, “figuran muy por debajo de casi todos los indicadores de desarrollo humano”.

“Ocho de cada diez están en situación de riesgo de pobreza, y sólo uno de cada siete adultos jóvenes gitanos ha terminado la educación Secundaria superior”, subraya Amnistía.

Además, prosigue, “los desalojos forzosos de personas gitanas siguen siendo la norma en lugar de la excepción en varios países europeos, como Rumanía, Italia y Francia”.

También afirma AI que en Madrid, "las autoridades han desalojado a 54 familias gitanas del poblado de Puerta de Hierro, sin garantizar a la mayoría de ellas un alojamiento adecuado”.

Agrega, asimismo, que la educación de estas comunidades está segregada en República Checa, Grecia y Eslovaquia, lo que es “contrario a las leyes nacionales y de la UE, que prohíben la discriminación racial”.

Ante esta situación, Amnistía indica que como órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea tiene facultades para actuar contra los Estados miembro que incumplan las leyes, directivas y la Carta de derechos Humanos.

Sin embargo, hasta el momento esto no se ha producido nunca respecto de las políticas y prácticas que discriminan a las personas gitanas o a las de otra minoría étnica, asegura AI.

“Vemos una Comisión que sanciona a los países sobre cuestiones técnicas en áreas como el transporte o los impuestos, pero que no aborda cuestiones de vital importancia para millones de personas como los desalojos forzosos, la segregación y los ataques motivados por el odio", concluye.