Además de la imputación, el magistrado, a instancias de la Fundación Española Presidente Allende y del fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, ha ordenado a los cuatro imputados que abonen solidariamente una fianza de 77.348.374 dólares, equivalentes a 51.441.746 euros, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse del proceso.

Garzón, en el auto hecho público este lunes, especifica que si los imputados no satisfacen la fianza en el plazo de diez días, procederá al embargo y bloqueará de sus cuentas un tercio más de la cantidad fijada, en total 68.592.351 euros.

La acción penal se dirige contra la viuda de Pinochet; contra su abogado y albacea, Oscar Custodio; contra el Presidente del Consejo de Administración del Banco de Chile entre 2001 y 2005, Pablo Granifo; y contra el gerente de la entidad en Nueva York, Herán Donoso. Además, declara responsables civiles subsidiarios al Banco de Chile, a Banchile Corredores de Bolsa y a Banchile Administradora General de Fondos.

Garzón considera que todos los imputados y las entidades bancarias propiciaron “la desaparición de los fondos de la familia Pinochet” así como “el eventual blanqueo de los mismos”.

“Parece claro que fue a través de las entidades bancarias que se mencionan como se produjeron las maniobras que concluyeron en la desaparición o disimulación de importantísimas cantidades de dinero de origen presuntamente ilícito”, señala el auto.

INTERROGAR A LOS IMPUTADOS

A través de una comisión rogatoria enviada a las autoridades judiciales chilenas, Garzón solicita permiso para desplazarse al país y poder tomar declaración “in situ” a la viuda de Pinochet y a los demás imputados así como para requerirles los documentos que puedan esclarecer su participación en los hechos.

Las diligencias acordadas en el auto son fruto de la ampliación de la querella presentada en octubre de 1998 contra Agusto Pinochet, ya fallecido, por delitos de genocidio, terrorismo y torturas en el marco de los asesinatos y secuestros llevados a cabo en el marco del “Plan Cóndor” durante la dictadura militar chilena. La ampliación fue solicitada por los querellantes en abril de 2007 y admitida por Garzón el pasado mes de agosto.

Por último, el juez Garzón solicita a Estados Unidos, Gibraltar y el Reino Unido que den respuesta urgente a las comisiones rogatorias que el magistrado envió en abril de 2007.

Todas estas gestiones se producen después de que la Fundación Española Presidente Allende, ante los requerimientos de Garzón, identificara a las personas presuntamente responsables del blanqueo de capitales principalmente a través de un informe de la policía de investigaciones de Chile realizado en noviembre de 2004.