Por otra parte, anunció que la Comunidad Autónoma de Baleares reclamará la devolución de aquellas subvenciones públicas vinculadas a la Fundación Nóos toda vez que haya sentencia judicial.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo que preside el popular José Ramón Bauzà, Bosch explicó que el Govern “tomará las decisiones que tenga que tomar con los informes correspondientes de la Abogacía (de la Comunidad)”.

“Luego, ya sean o no declaradas culpables las personas” que corresponda, agregó, será entonces cuando el Ejecutivo regional “reclamará a quien fuere y a quien sea responsable, lógicamente para poder recuperar” el dinero invertido, “si es que ha habido un mal uso de los capitales públicos subvencionados”.

Pero, advirtió, “el responsable o responsables lo determina la sentencia, no el Govern, que lo único que puede hacer es reclamar a quien corresponda esas cantidades”.

Aprovechó para poner de manifiesto que “dentro de la judicatura hay división de opiniones” en relación a la imputación de la infanta Cristina. “Estamos esperando los acontecimientos para que en instancias judiciales se decida” al respecto, momento a partir del cual “actuar en consecuencia” por parte del Ejecutivo balear.

Bosch reconoció que en el Govern “es evidente” que “estamos preocupados” por las consecuencias de la imputación de un miembro de la Casa Real; “a nadie se le escapa que preocupa el caso. A Margallo le preocupa la marca España, y a nosotros la marca Baleares”.

En este contexto, toda vez que el Govern no hará suya la propuesta formulada en el Parlament esta semana por Mès para retirar el título de duques de Palma, el portavoz balear sí indicó que “la única medida” prevista “es la modificación del decreto que permite retirar determinadas distinciones si llega el caso”.

Sobre otra propuesta de Més, la de abrir al público los jardines del palacio de Marivent y darle un uso museístico a la residencia de la Casa Real en Mallorca, Bosch comentó: “Bienvenido sea siempre el acercamiento de las personas a las instituciones, pero la residencia oficial de un jefe del Estado requiere unas medidas de seguridad”.