En una nota de prensa, los geólogos precisan que esto implica no construir sobre zonas con riesgo de inundación en función del periodo de retorno de las zonas inundables próximas a los ríos. "Si un mapa de riesgos de inundación establece que un territorio se inunda cada cinco años, implica que no puede ser ubicada una urbanización", asegura Luis Suárez, presidente del ICOG.

Por ello, la institución indica que la segunda acción es aplicar la Ley del Suelo, que establece la obligatoriedad de realizar un mapa de riesgos naturales como paso previo a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). En consecuencia, advierte, los ciudadanos afectados, amparándose en la ley vigente, pueden exigir a las administraciones responsabilidades penales y civiles.

Para construcciones y viviendas asentadas sobre zonas inundables, los geólogos señalan que la única opción es adoptar una política de seguros que responda al riesgo real, y para casos anteriores a la Ley del Suelo "no queda más remedio" que invertir grandes cantidades económicas en estructuras de control de inundaciones, como pueden ser las presas de laminación de avenidas o las canalizaciones, añaden.

En todo caso, aunque estas medidas estén disponibles para todos los ciudadanos, el ICOG hace hincapié en que la mejor solución es la prevención, por lo que insta a los poderes públicos a ser responsables para cumplir escrupulosamente la ley y evitar daños personales y las pérdidas económicas producidas por las inundaciones.