En rueda de prensa, la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio, Salomé Adroher, reivindicó “el modelo que durante 20 años ha funcionado y ha articulado el territorio nacional”, con lo que a su juicio deben buscarse “fórmulas jurídicas para que respetando las competencias de las comunidades autónomas, se garantice que la recaudación de la solidaridad llegue a todos los rincones de España".

Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, indicó que en estos momentos de crisis no “viene bien meterse en temas de competencias entre comunidades autónomas”, y aseguró defender la gestión estatal del 0,7, “porque lleva funcionando bien 20 años”.

“Nosotros ayudamos a las personas independientemente del territorio”, subrayó Poyato, quien advirtió de que si “se transfiere (la gestión) a lo mejor hay comunidades que no destinan este dinero a las ONG, dado el déficit que arrastran, o que demoran los pagos”.

Poyato sí reconoció que Cataluña aporta más de lo que recibe, pero se preguntó qué “dirían Andalucía, Murcia, Castilla-la Mancha o Extremadura” si el reparto se hiciera en función de este criterio”.

DEL 0,7% AL 1%

Además, reiteró su demanda de que el 0,7% del IRPF destinado a fines sociales aumente hasta el 1%, algo que "permitiría alcanzar la cifra mágica de 400 millones de euros conseguidos por esta vía”.

En 2012 esta recaudación ascendió a 270 millones de euros, y uno de cada dos españoles marcó dicha casilla en su declaración de la Renta. “Siempre habrá quien no marque 'fines sociales' por indiferencia o por rechazo a nuestra actividad”, afirmó, con lo que duplicar esta cifra y superar los 500 millones “será casi imposible, pero alcanzar 400 millones de euros sí podría ser nuestro objetivo”.

Con todo, Poyato reconoció que ello podría suponer un agravio respecto a la Iglesia Católica, y animó junto a Adroher a toda la ciudadanía a marcar la 'X Solidaria' en su próxima declaración.