Del mismo modo, el citado comité propone la exclusión de cualquier subvención pública a las empresas que incumplan la obligación de reserva de empleo de personas con discapacidad. Según informó el Cermi, la plataforma representativa de las personas con discapacidad en España, ha elaborado un documento de propuestas normativas en el que, entre otras cosas, pide que la Administración "no tenga contrato alguno con aquellas empresas que no cumplen la reserva de cuota de empleo para las personas con discapacidad".

Y es que, explica el citado comité, "el desempeño de un trabajo adecuado es la mejor manera que tienen las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida y conquistar mayores cuotas de autonomía en su camino hacia una forma de vida independiente", por lo que, continúa, "su inclusión laboral debe ser una prioridad de las Administraciones Públicas".

Este comité considera, por tanto, "fundamental" la acreditación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o de la aplicación de medidas alternativas de carácter excepcional. Con la propuesta del Cermi, aclara el comité, no se crearía obligación alguna, sino que tan sólo se recordaría que esta obligación debe cumplirse, porque es exigible desde hace años en España.

La plataforma representativa de las personas con discapacidad recuerda que el grado de cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad no sólo no llega al dos por ciento que ordena la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), si no que se encuentra entre el 0,5% y el 1%".

Para el Cermi, su propuesta "resultaría muy importante ante la actual coyuntura económica, al incidir muy favorablemente en la creación de empleo, y al reducir el gasto público o aumentar los ingresos, al generarlos de forma directa la actividad laboral de dicho sector en forma de impuestos y cuotas a la Seguridad Social".

Por otro lado, a efectos de lo que dispone la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que permite la reserva de adjudicación de algunos contratos a favor de los Centros Especiales de Empleo, o de su ejecución, a programas de empleo protegido, el Cermi destaca que "sería muy positivo su incorporación al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible".

"Esta reserva legal para estas entidades que desarrollan una importante función social ayudaría al mantenimiento, crecimiento y potenciación de una estructura básica para la plena inclusión laboral y, por tanto, social, de los trabajadores con discapacidad", concluye el Cermi.