De los 34 detenidos en la operación, 24 ya han prestado declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional en unas comparecencias que tuvieron lugar entre el jueves y el viernes.

De ellos, 22 han ingresado en prisión acusados de delitos de colaboración o integración en organización terrorista, mientras que dos –Raúl Iriarte y Oihana Fernández- quedaron en libertad con la obligación de comparecer semanalmente ante los juzgados y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron que está previsto que los interrogatorios de hoy se extiendan hasta primera hora de la tarde, momento en el que el juez Grande-Marlaska comenzará a redactar el auto en el que deberá argumentar su decisión de enviar a la mayoría de los detenidos a prisión.

El Ministerio del Interior asegura que con la operación, que se saldó con 34 detenidos en el País Vasco y Navarra y en la que se practicaron 92 registros, se ha llevado a cabo el “descabezamiento” de Segi y la “casi total desarticulación” de sus estructuras “clandestinas” en España.

IMPEDIR EL “REFORZAMIENTO”

Interior sostiene que con la operación se ha abortado el proceso de reforzamiento de la estructura organizativa de Segi, “que pretendía incrementar el número de militantes, tanto a través de un aumento de las captaciones como de la ampliación del periodo de duración de la militancia”.

Esta organización ilegal “también pretendía potenciar los procesos de formación, para poder acometer las líneas de actuación establecidas por ETA para lo que denominan como 'el endurecimiento del conflicto' y el incremento de la violencia callejera”.

Las detenciones fueron posibles gracias a los documentos intervenidos al responsable de ETA Ekaitz Sirvent Auzmendi, detenido en Paris en abril de 2009.