Esta asociación asegura que Haidar, quien se encuentra retenida en las dependencias del aeropuerto de Lanzarote desde el pasado 14 de noviembre, “fue antijurídicamente privada de su pasaporte y expulsada por la policía de Marruecos” para luego “recalar en España, donde nuestro Gobierno primero le permitió la entrada para después no autorizarle el regreso a su país”.

A través de un comunicado, UPF afirma que la situación de “injustificada restricción del derecho a la libre circulación” a la que se ha sometido a la activista saharaui “no resulta admisible en un Estado de derecho” y dice no comprender “los motivos del proceder de las autoridades españolas, que desde luego no son jurídicos”.

Ante estos argumentos, solicita al Gobierno “que adopte las medidas necesarias para restituir a Haidar en su derecho a la libre circulación, antes de que su situación sea más grave a raíz de la huelga de hambre a que le ha conducido su desesperada situación”.