Los bancos tendrán que hacer una "derrama" de entre 1.500 y 2.000 millones por las preferentes
- La CNMV y el Banco de España supervisarán el arbitraje
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Las entidades financieras tendrán que realizar una “derrama extraordinaria” para dotar de recursos al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para comprar acciones de entidades nacionalizas no cotizadas que proceden del canje de las participaciones preferentes, es decir, de NCG y Caixa Catalunya.
Así lo explicó este viernes el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aprobó el Real Decreto Ley en Materia de Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada de Entidades de Crédito en Reestructuración o Resolución.
La derrama será de un 3 por 1.000 de los depósitos. De esta manera, señaló el ministro, las entidades financieras tendrán que aportar entre 1.500 y 2.000 millones de euros extraordinarios al Fondo de Garantía de Depósitos.
De Guindos señaló que el pago de esta aportación se va distribuir en dos tramos a lo largo de una serie de años.
En concreto, en el primer ejercicio, que será en 2014 y se pagará en los primeros 20 días del año, se va a abonar el primer tramo que corresponde al 40% de esta derrama extraordinaria.
La Comisión Gestora del Fondo lo que hará será determinar dicha cuantía atendiendo a una serie de criterios que se recogen en el decreto ley.
Así, se podrán establecer exenciones para poder eximir a las entidades que están intervenidas por el Frob o reducir hasta un 50% la aportación que realicen las entidades más pequeñas, aquellas que tienen menos de 5.000 millones de euros de balance.
Además, señaló De Guindos, se tendrán en cuenta las aportaciones que han realizado las distintas entidades financieras al ‘banco malo’ Sareb.
En concreto, se establece una deducción de hasta un máximo del 30% de las cantidades invertidas por las entidades antes del 31 de diciembre de 2013 en la suscripción o adquisición de acciones o instrumentos de deuda subordinada emitidos por la Sareb.
El segundo tramo, con la cuantía restante, se tendrá que satisfacer a partir de 1 de enero de 2014 de acuerdo al calendario de pago que fije la Comisión Gestora dentro de un plazo máximo de 7 años.
Sin perjuicio del citado calendario de pago, el importe correspondiente a este segundo tramo se registrará como patrimonio del FGD en la fecha en que se liquide el primer tramo.
“Lo que estamos haciendo es pedir a los bancos una cantidad adicional de dinero para que doten de recursos al FGD para que pueda, tras una valoración de mercado, dotar de liquidez a estar participaciones preferentes que ya se han convertido en acciones”, señaló.
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN
Por otra parte, el real decreto recoge la creación de una comisión de alto nivel para analizar y hacer un seguimiento de los procesos de arbitraje sobre las participaciones preferentes en las entidades financieras nacionalizadas.
Este organismo estará liderado por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez. Además, el vicepresidente de la misma será el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy.
En la comisión estarán también la secretaria general de Sanidad y Consumo, el secretario general del Tesoro y la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Entre sus funciones se encuentra el análisis de los factores que han motivado la presentación de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales, la remisión con carácter trimestral de un informe al Congreso de los Diputados sobre las reclamaciones y realizar propuestas.
Además, esta comisión determinará criterios para “proteger especialmente” a colectivos de clientes cuyas reclamaciones en atención a sus circunstancias personales, como por ejemplo su edad, o familiares deban recibir una tramitación “prioritaria” por parte de las entidades participadas por el Frob, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El ministro de Economía señaló que el problema de las participaciones preferentes afectas a unas 300.000 personas, y lamentó que no se explicara a muchos tenedores las implicaciones que tenía el contratar estos productos.
De Guindos afirmó que si hace cinco años hubiera estado en marcha toda la legislación que ha aprobado el Gobierno en esta materia “no tendríamos estos problemas”.
El titular de Economía se refirió a los arbitrajes que se están realizando, y apuntó que en el caso de la gallega NCG se han realizado 56.000 solicitudes y resuelto 14.000. En Catalunya Caixa, de las 30.000 solicitudes se han resuelto ya 10.000.
(SERVIMEDIA)
22 Mar 2013
BPP