El objetivo de este Real Decreto es limitar la utilización de sustancias peligrosas en dichos aparatos de manera que cuando se conviertan en residuos se proteja más adecuadamente la salud humana y el medio ambiente y se facilite la valorización y eliminación correcta desde el punto de vista medioambiental.

Con esta norma, además, el Gobierno transpone la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Entre las principales novedades que introduce el Real Decreto se encuentra la ampliación del ámbito de los aparatos sometidos a las restricciones de utilización de sustancias peligrosas, así como la adaptación del régimen jurídico de los aparatos eléctricos y electrónicos al progreso científico y técnico.

Este Real Decreto ha contado con el informe favorable del Consejo de Estado, y en su elaboración han sido consultadas las comunidades autónomas y los sectores afectados.