Por ello, Amnistía mostró su temor a que aumente el riesgo de que las fuerzas de seguridad hagan un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza ante los comicios.

Una delegación enviada por Amnistía a Honduras para vigilar los derechos humanos en las elecciones fue informada de la reciente adquisición de 10.000 granadas de gas lacrimógeno, 5.000 proyectiles para lanzar estos botes y un tanque de agua, así como el despliegue de millares de reservistas.

Javier Zúñiga, que encabeza esta delegación, afirmó que el Gobierno "de facto", desde que asumió el poder, ha permitido a las fuerzas de seguridad "utilizar gas lacrimógeno, balas de goma y munición real contra manifestantes, lo que ha causado varias muertes y graves lesiones, por las que no se han pedido responsabilidades a nadie".

Zúñiga se mostró preocupado por lo que puede ocurrir en torno a las elecciones, ante los antecedentes de uso indebido de gas lacrimógeno, la falta de garantías de que este material no se usará contra manifestantes y la ausencia de investigaciones sobre "los abusos cometidos anteriormente".

Amnistía lamentó que no esté claro el uso que se va a dar a este nuevo material ni si las fuerzas de seguridad han recibido formación adecuada o establecido los procedimientos necesarios para garantizar que no se cometen abusos contra los derechos humanos en eventuales manifestaciones.

"En Honduras hay hoy un ambiente de miedo e intimidación. Hemos observado un aumento del hostigamiento a quienes se considera contrarios a las autoridades 'de facto', sin que las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos hagan nada para investigar estos casos o ponerles fin", apostilló.