La resolución aprobada por la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Transporte el pasado 28 de julio, reconoce a los óvulos fecundados como "beneficiarios con protección preferente" en las ayudas recogidas en los planes de vivienda.

El Gobierno central, a través del subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, aseguró recientemente que estaba estudiando la posibilidad de recurrir la resolución porque plantea "serias dudas de legalidad" al equiparar los derechos ciudadanos a derechos adquiridos en el momento de la fecundación.

En esta línea, Delgado aseguró que se trata de "si es subvencionable el hecho de que la mujer embarazada pueda ser discriminada favorablemente respecto a la mujer no embarazada o respecto del hombre" porque, dijo, "el sujeto de la ayuda es la mujer embarazada". Otra cosa, dijo, "es como se venda pero el sujeto de la ayuda es la mujer embarazada".

Así, explicó que "en todo el ordenamiento laboral la discriminación positiva de la mujer embarazada es un hecho constante hasta el punto de que no se le puede despedir ni con justa causa" y se preguntó "por qué no le voy a poder subvencionar el alquiler de una vivienda".

Esta discriminación positiva de la mujer embarazada, en su opinión, "ya ha pasado todos los filtros constitucionales".

En caso de que "se alegue que el hecho jurídico protegido es el nasciturus y no la mujer embarazada", aseguró, "pienso lo mismo". Según Delgado, "la ley del aborto, que está actualmente en tramitación y pasó el filtro constitcional, protege al nasciturus".

"No sé como saldrá del trámite parlamentario pero es una ley que cambia el concepto de protección del nasciturus", subrayó.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno español recurra finalmente la normativa, Delgado destacó que "una cosa es lo que dicen los políticos y otra lo que haga la asesoría jurídica del Estado", formada, puntualizó, por "juristas de reconocidísimo prestigio". "Me extraña", sentenció, "que desciendan a cosas imposibles por mero criterio político. Al final siempre tiene que haber una razón jurídica o de forma".

De este modo, insistió en que "no veo nada antijurídico ni en la medida ni en la posibilidad de que sea recurrido".