La suspensión fue defendida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por “razones técnicas y de pura claridad procedimental” para evitar el solapamiento de dos leyes diferentes.

La reforma aprobada el pasado 1 de marzo por el Consejo de ministros y que está ahora en fase de enmiendas en el Parlamento modifica el sistema de elección de los miembros del CGPJ.

Por tanto, subrayó el ministro, una vez aprobada esa reforma quedaría sin efecto jurídico el procedimiento que se debería iniciar el próximo día 24 para proceder a elegir a los nuevos vocales, en virtud del procedimiento ahora vigente.

Cree que se trata de una reforma procedimental pero imprescindible para dar seguridad jurídica al CGPJ, porque iniciar el proceso de elección de vocales y modificar el sistema antes de que tomen posesión sería “inútil” además de “perturbador”.

Dejó claro que no generará “ninguna situación de interinidad” porque el CGPJ seguirá ejerciendo plenamente sus funciones hasta el momento de ser renovado, y a ello se procederá “en todo caso” de acuerdo a la legalidad que en ese momento esté vigente.

Con ello, explicó el ministro, se garantiza la renovación del CGPJ al margen de lo que ocurra con el proyecto de ley de reforma, por lo que esta modificación procedimental no presupone el resultado de esa votación posterior.

El ministro defendió además la tramitación en lectura única con el argumento de que por ese procedimiento se han aprobado reformas “mucho más complejas que ésta”, incluso de la Constitución.

Las explicaciones del ministro no convencieron a quienes discrepan del fondo de la reforma y defendieron la devolución del proyecto al Gobierno.

En nombre de ERC, Joan Tardà vinculó esta reforma con los casos de corrupción que salpican al PP y la reacción del partido ante ellos, “mucho más preocupante”.

Considera “escandaloso” que en ese escenario se suspenda la elección de quienes deben velar por la independencia de jueces y magistrados. “Usted no se anda con chiquitas”, dijo al ministro, al que acusó de defender una reforma “que limita competencias en favor del propio Gobierno, del control partidista, o quizá bipartidista, de la judicatura”.

Se preguntó, en ese sentido, por qué el PSOE no ha enmendado a la totalidad esta reforma, y si acaso es que ambos partidos negocian “qué parte del pastel tienen que llevarse unos y otros”.

Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, defendió también una enmienda y alertó de que “con la que está cayendo” no se trata de una modificación “instrumental”.

La sensación, denunció, es que el Gobierno interviene “como elefante en cacharrería” con un objetivo que parece muy claro: “Quieren parar los pies a los jueces más incómodos”, lo cual es “inaceptable en términos democráticos”.

Insistió en que, pese a sus ofertas de diálogo en la tramitación de la reforma del sistema, lo que el ministro transmite en sus exposiciones es “la urgencia por controlar el CGPJ. Y dada la judicialización dela vida política, en concreto de su vida partidaria, la deducción es lógica”.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, anunció la abstención de su grupo ante las enmiendas, porque pese a ser contrario al fondo de la reforma, los textos le parecen “preñados de componentes ideológicos” difíciles de asumir por quienes abordan estas cuestiones con “pragmatismo” y “sentido de Estado”.

Tampoco Rosa Díez, de UPyD, aceptó que se trate de una mera reforma “instrumental” y, pese a reconocer que el objetivo del Gobierno al abordarla es perfectamente legal, lo consideró también “absolutamente impresentable”.

“La situación no es tan simple”, precisó igualmente la portavoz de CiU, Montserrat Surroca, para quien la técnica empleada por el Gobierno es, cuando menos, “atípica”.

También el socialista Julio Villarrubia cuestionó los métodos del Gobierno y denunció las “reformas reaccionarias” del ministro, pero hizo hincapié en su esperanza de que la oferta de diálogo ante la reforma de fondo se mantenga a lo largo de la tramitación parlamentaria.

El objetivo del PSOE, subrayó Villarrubia, es la renovación “en condiciones dignas” del CGPJ tal y como merece la institución, porque entiende que es una “cuestión del Estado” en la que su partido no puede estar “ausente”.