A juicio de Cermi Madrid, "solo integrando las directrices que desgrana esta convención a toda la normativa que depende del Ejecutivo regional se podrá garantizar el pleno acceso de las personas con discapacidad a una vida social y familiar normalizada".

Y es que, aseguró el citado comité, no todos los textos de carácter normativo que dependen o son competencia del ejecutivo regional madrileño tienen en cuenta, como cabría esperar, la Convención de la ONU sobre Discapacidad, que detalla las condiciones óptimas de las que deberían gozar las personas con discapacidad. Por ello, Cermi Comunidad de Madrid ha solicitado a la Consejería de Presidencia, competente en esta materia, que adapte todos sus textos normativos a la citada convención internacional.

Solo así, dice, tener una discapacidad, tal y como pretende la declaración universal, no supondrá "impedimento alguno para que una persona del colectivo pueda desarrollarse en cualquier ámbito social o familiar con plena libertad y autonomía".

Por otra parte, "multitud de textos normativos", especialmente de gobiernos regionales o de administraciones locales, no están adaptados o pensados específicamente según las directrices que marca este tratado de carácter internacional.