El coordinador regional de esta formación, Eddy Sánchez, dijo que “a través de esta moción, exigimos al Gobierno central que apruebe una modificación urgente de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU”.

IU también exige al Ejecutivo, para los miles de desahucios ya producidos, que "se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible, tal y como demanda y exige la ILP en el Congreso de los Diputados, la cual apoyamos”.

“Con esta iniciativa también instamos a los ayuntamientos a que se desarrolle una política activa contra los desahucios a través de la creación de una oficina de apoyo a las familias en riesgo de desahucio desde la que se asesore sobre la cobertura jurídica que necesita cada situación particular, así como la mediación con las entidades bancarias para cada caso; del establecimiento de una bonificación del 50% del IBI o aplazamiento de pago durante dos años consecutivos; protocolos de evaluación, que a través del estudio de los servicios sociales municipales, dé acceso a viviendas de alquiler social a las familias en situación de riesgo, y el desarrollo de herramientas de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para limitar al mínimo legamente exigido la intervención de miembros de la Policía Municipal en los procedimientos de desahucio”.

Afirmó que en la Comunidad de Madrid se producen unos 40 desahucios diarios y explicó que “cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida por una legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación".

Calificó de “inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad”.