La iniciativa ha partido del Audiovisual andaluz, que la consideró necesaria "tras constatar el modo en el que algunas televisiones abordan los procesos judiciales penales especialmente mediáticos, sobre todo en aquellos donde se ven afectados menores de edad" y "cuando el profesional encargado de cubrir estas informaciones, caracterizadas por su complejidad y abundante lenguaje técnico, carece de la especialización necesaria", señala el organismo en un comunicado.

El texto sintetiza toda la jurisprudencia existente sobre el acceso de los medios de comunicación a las sedes judiciales y a la información judicial. Asimismo, recopila los códigos y protocolos vigentes en España y nuestro entorno europeo que regulan las relaciones entre los profesionales de la información y los del ámbito judicial.

LÍCITA PRESIÓN

El documento se dirige también a los profesionales de la Administración de Justicia, que debe garantizar la igualdad de trato a los medios en el acceso a las dependencias judiciales y asumir la lícita presión a la que pueden estar sometidos juicios y procesos judiciales que suscitan interés general.

Esta guía se irá enriqueciendo con la experiencia profesional, el desarrollo de la deontología periodística y la voluntad de quienes tienen la función de satisfacer el principio constitucional de información y de publicidad de la justicia. Para ello, el protocolo suscrito entre el CAA, el TSJA y el Colegio de Periodistas de Andalucía prevé la constitución de una comisión tripartita para observar su seguimiento y adaptarla, en su caso, a nuevas circunstancias y situaciones que pudieran sobrevenir.

El Consejo Audiovisual de Andalucía cree esencial avanzar con seriedad en la autorregulación de los medios en esta materia, pues su papel es fundamental no solo en trasladar a la ciudadanía la información judicial, puesto que también son los encargados de propiciar un debate crítico y fundado de las decisiones judiciales.