Díez explica en su exposición de motivos que cuando la entidad financiera se queda con la vivienda no asume los costes del IRPF por incremento del patrimonio, que deberá pagar el deudor que, además de quedarse sin la vivienda, verá aún más agravada su situación económica por el pago del impuesto.

Puesto que el deudor no recibirá beneficio alguno por la transmisión de la vivienda, este impuesto grava unas "ganancias virtuales" inexistentes. A su entender, "es socialmente injustificable y profundamente injusto" que el que tenga que pagar sea "quien menos tiene y nada gana" con la transacción.

Muchas veces, el ciudadano expulsado de su vivienda no puede pagar ese impuesto, por lo que su aplicación no significará un aumento de la recaudación, sino la "expulsión definitiva de esas personas del mercado y del sistema financiero".

Eso ocurre porque de no cumplir con sus obligaciones tributarias, incurrirá en morosidad y será incluido en los registros que le impedirán adquirir bienes en el futuro o lograr financiación.