Así consta en la moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno sobre “las reformas legales necesarias para la persecución de la corrupción política, la tipificación penal de la financiación ilegal de los partidos políticos, el enriquecimiento injusto de los cargos públicos electivos y la reforma de la figura del indulto”, defendida ayer, miércoles, por UPyD.

Los siete puntos de la moción fueron sometidos a votación separada, de los solo salieron adelante los tres primeros. El resto, relativos a la figura del indulto y a la responsabilidad de los políticos en el desempeño de sus cargos al frente de sociedades o entes públicos, no salieron adelante.

Así, la Cámara Baja ha instado al Gobierno a impulsar las reformas legales necesarias para “sancionar penalmente mediante un tipo delictivo autónomo la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social, que deberá ser publicado en un registro específico debidamente actualizado”.

“Dicho delito será igualmente aplicable a aquellos cargos públicos electivos que omitieran o falsearen sus declaraciones de bienes”, establece este punto, aprobado por 216 votos a favor, ninguno en contra y 114 abstenciones.

La moción insta al Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para “establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos, aplicable tanto a la financiación ordinaria como a la electoral”. Este punto salió adelante con 197 votos a favor, ninguno en contra y 119 abstenciones.

Este segundo epígrafe establece que incurrirían en dicho delito “los propios partidos de forma directa en el caso de que se descubrieran bienes, fondos o cualquier patrimonio oculto (situado tanto en España como en cualquier otro lugar) cuya adquisición no pueda ser debidamente justificada en virtud del régimen legal de financiación actualmente vigente y en coherencia con la contabilidad formulada y presentada a fiscalización ante el Tribunal de Cuentas”.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Asimismo, la Cámara Baja ha instado al Gobierno a “incorporar” a la legislación penal “el denominado delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos, cuyo elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio desproporcionado o injustificado de un político en relación con los ingresos que, por obligación legal, debe declarar públicamente”. Este tercer punto cosechó 195 votos a favor, ninguno en contra y 121 abstenciones.

Lo que no salió adelante fue el resto de la moción, que pretendía instar al Gobierno a “introducir las reformas legales necesarias para que, sin modificar la naturaleza esencialmente discrecional del indulto, deje de usarse de forma arbitraria, como actualmente viene ocurriendo”.

UPyD defendía que debe “exigirse la obligación de motivar en todo caso las razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifican el indulto (tanto total como parcial)”.

Además, defendió que en el caso de que se conceda el indulto en contra de la opinión de la fiscalía o del tribunal sentenciador, la motivación debe “incluir las razones por las que se ha decidido en el Real Decreto apartarse de dichos criterios”.

UPyD proponía además reformas legales para que pueda recurrirse la concesión de un indulto ante la jurisdicción contencioso-administrativa, bien porque no se han cumplido los requisitos para la concesión de esta medida de gracia, bien porque no esté debidamente motivada.

Asimismo, proponía un mecanismo legal de “control parlamentario y rendición de cuentas” por parte del Gobierno de los indultos tramitados.

DEBATE

Durante el debate parlamentario, celebrado ayer, la líder del Grupo Parlamentario UPyD , Rosa Díez, defendió la necesidad de dar “más pasos” para combatir la corrupción.

Además, apostó por “abordar ahora mismo” la reforma de la ley de 1870, que regula la concesión de indultos por entender, entre otras cosas, que ha de haber una “clara distinción entre lo que supone la discrecionalidad y la arbitrariedad”.

Por su parte, el diputado del PP Leopoldo Barrera afirmó que su partido cree que “la corrupción debe ser combatida sin descanso”, lo que no significa que por esa razón “considere acertado cualquier planteamiento” para tal efecto.

En este sentido, defendió que la “determinación” del Gobierno frente a la corrupción es “ha sido constante” y que el Ejecutivo “ya está actuando” en virtud de los compromisos adquiridos en el último Debate sobre el Estado de la Nación.

En cuanto al indulto, señaló que se trata de un instrumento “extraordinario” y recordó que el Gobierno sólo concede el 7% de los solicitados.

Por su parte, el diputado del PSOE Gabriel Echávarri (PSOE) señaló que someter la concesión del indulto a la revisión de los tribunales contencioso-administrativos “va contra la propia naturaleza del derecho de gracia”.

Tras señalar que el PSOE no puede coincidir “con la totalidad” de las propuestas de UPyD , Echávarri añadió que para combatir la corrupción ha de haber un “compromiso colectivo en el que se impliquen todos los poderes públicos”.

NUEVA REGULACIÓN

Por parte del Grupo Parlamentario de CiU intervino Mercè Pigem, señaló que es comprensible que se pida una revisión de la figura del indulto y abogó por una “nueva regulación” de esta figura, pues la ley vigente que la sostiene data de 1870.

En cuanto al Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Ricardo Sixto defendió que al cambiar la ley para combatir la corrupción es preciso “tener en cuenta que el bien jurídico a proteger”, que es “el respeto y la lealtad a los principios constitucionales” y al propio sistema democrático.

“Es fundamental que entre todos busquemos una solución al problema de la corrupción”, dijo Sixto, quien defendió una enmienda de su grupo parlamentario con más de 40 puntos para combatir la corrupción.

Una de las cuestiones importantes para la Izquierda Plural es abordar una ley de financiación local que dé suficiencia económica a los ayuntamientos y evite que éstos tengan que recurrir a planteamientos económicos para tenerla.

Emilio Olabarría (PNV) dijo que la corrupción empieza a adquirir “rasgos preocupantes” en España, prueba de ello es que actualmente hay 730 imputados por casos de corrupción distintos.

Además, defendió la “necesidad de causalizar la concesión del inulto, que es desmesuradamente discrecional”.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto intervinieron Alfred Bosch (ERC) Y Joan Baldoví (Compromís-Equo).

DONDE ESTÁ EL PODER

Bosch manifestó que “la corrupción se centra donde está el poder” y que los dos grandes casos que existen hoy por esta lacra (Bárcenas y Urdangarin) “ponen en entredicho las dos máximas instituciones de este país”.

“Eso hay que decirlo y hay que solucionarlo porque si no la presunción de que todos somos iguales acaba minando el mismo sistema y no todos somos iguales”, dijo.

Baldoví criticó que el presidente del Gobierno, Marian Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sigan “silbando y mirando para otro lado” cuando su partido “ha ganado elecciones ‘dopado’ con el dinero ilegitimo de la financiación ilegal”.