En un comunicado, el sindicato considera que esta sentencia rompe con una legislación "conservadora que protege a los mercados y entidades financieras, responsables directas de esta crisis, mientras carga todo el sufrimiento y el peso de la recesión sobre la espalda de los ciudadanos".

Por ello, el sindicato demanda la dación en pago con carácter retroactivo, desde 1995, y exige al Gobierno que articule de forma inmediata un real decreto-ley que frene de manera inminente las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, el cambio de la ley de enjuiciamiento civil y el cambio de la ley hipotecaria y el alquiler social.

"Resulta lamentable que el Gobierno modifique continuamente las leyes a golpe de sentencias de los tribunales y no lo haga en función del interés general de la población, demostrando ser muy cicatero con la ciudadanía de nuestro país y muy generoso con las entidades financieras", subraya el sindicato que lidera Cándido Méndez.