Así lo indicó este jueves en la rueda de prensa de presentación del "Estudio sobre participaciones preferentes" la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien explicó que se han producido graves errores en la comercialización de estos productos y que, en algunos casos han sido “sangrantes".

En este sentido, el informe destaca que sería importante llevar a cabo un "arbitraje universal" para todas las entidades intervenidas y que integre a todos los afectados por la comercialización de preferentes.

"El órgano más idóneo para actuar en funciones arbitrales es la CNMV", subraya el informe, que destaca que sería "deseable" que se publicite el procedimiento arbitral para que los afectados tengan claro que se trata de una vía alternativa a la judicial.

En las conclusiones del informe se apunta que a “muchos ahorradores” se les ha dado una solución satisfactoria porque las entidades financieras contaban con “capacidad económica para ello”.

Sin embargo, hay un “número significativo” de inversores minoristas que continúan sin obtener alguna vía para recuperar su capital.

El Defensor del Pueblo realiza recomendaciones al Ministerio de Economía y Competitividad, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Sobre si las autoridades competentes seguirán sus recomendaciones, el adjunto primero al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, indicó que “confiamos en que se lo lean y se lo lean con interés”.

“Creemos que tenemos una solución más justa, pero si caminan por otro sendero con arreglo a la ley que garanticen las condiciones de independencia”, dijo Fernández-Marugán, quien señaló que en el “punto álgido” las preferentes afectaron a unas 300.000 personas.

La institución plantea una serie de medidas preventivas y otras paliativas. Entre las primeras, se encuentran que las entidades se abstengan de ofrecer a los clientes productos no adecuados a su perfil, que se les dé un periodo de reflexión para evitar premura en la firma de contratos, implantar un proceso de validación y etiquetado de productos y que la CNMV apruebe unos modelos de contrato marco para los inversores minoristas.

Además, se apuesta por un control de los incentivos de los empleados de banca para que no vendan productos sólo por las comisiones que cobra y dar más independencia y competencias claras a la CNMV.

Por su parte, en cuanto a las medidas paliativas, además del ya citado arbitraje universal que ha de liderar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se apuesta por impulsar un órgano seleccionador de los afectados con derecho al arbitraje, compensaciones a largo plazo para evitar pérdidas de capital y derechos, o un servicio de asesoramiento independiente.

Para los casos aún no resueltos, al margen de los afectados de Bankia, las entidades financieras y los inversores se deberían comprometer a aceptar como vinculantes las decisiones de la CNMV, evitando la acción judicial, señala el estudio.

PAPEL BANCO DE ESPAÑA

El informe dedica una parte al papel que han jugado distintos supervisores o autoridades en este problemática, y entre ellos alude al Banco de España.

El Defensor del Pueblo dice que el organismo realizó una “mera advertencia” en su informe de Estabilidad Financiera de 2009 sobre las preferentes, y que no se vuelve a pronunciar hasta 2011.

Para la institución, las manifestaciones en los informes de Estabilidad Financiera del Banco de España “evidencian que su mayor preocupación era la captación de capital por las entidades”. Por ello, subrayan que “resulta difícil entender que, en 2002, con mucho menos volumen de capital en preferentes, manifestara su preocupación y avisara de los riesgos de estos productos, y en 2009 se apoyara el aumento de este capital como recursos propios de las entidades”.