Anticorrupción basa su recurso en el hecho de que Gómez Bermúdez todavía no ha resuelto sobre la inhibición a favor de su compañero Pablo Ruz, que le fue solicitado por la propia Fiscalía el pasado viernes. Al no haber resuelto todavía sobre dicha inhibición, el Ministerio Público considera que Gómez Bermúdez no puede practicar ninguna diligencia.

La Fiscalía realiza su petición a través de un recurso de apelación, que deberá resolver la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, superior jerárquico de los instructores, y al que pide que evite “la doble instrucción sobre los hechos”.

El escrito de la Fiscalía, que no viene firmado por ningún fiscal en concreto, pide en concreto a la Sala de lo Penal que “deje sin efecto la práctica de las diligencias” ordenadas por Gómez Bermúdez al entender que son “innecesarias y también desproporcionadas”.

Gómez Bermúdez irrumpió el pasado lunes en la investigación de ‘los papeles de Bárcenas’ al admitir a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) por la supuesta contabilidad B del PP.

El magistrado tomó esta decisión a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción le había pedido que se inhibiese a favor de su compañero Pablo Ruz, quien el pasado jueves decidió finalmente asumir la investigación sobre la presunta contabilidad B del PP al concluir que existen varias conexiones entre los pagos realizados por la trama liderada por Francisco Correa y las entregas de dinero recogidas en los conocidos como “los papeles de Bárcenas”.

DECLARACIÓN DE EMPRESARIOS

Gómez Bérmudez no solo abrió una investigación si no que ordenó una batería de diligencias, entre las que destaca las citaciones de 12 imputados entre el 25 y el 27 de marzo, entre ellos del extesorero del PP Luis Bárcenas y de su predecesor Álvaro Lapuerta. Además de a los dos extesoreros, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha llamado en las mismas fechas, también como imputados, a ocho empresarios que habrían entregado diferentes cantidades de dinero al PP y que aparecen reflejados en la documentación publicada por el diario “El País”.

Estos empresarios son José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando); Manuel Contreras Caro (Azvy); Juan Manuel Villar Mir (OHL); Luis de Rivero (Sacyr Vallehermoso); Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica); Juan Manuel Fernández (Aldesa); José Mayor Oreja (Construcciones de Fomento y Contratas); Antonio Vilella (Construcciones Rubau); y Adolfo Sánchez. El juez también ha citado al ex secretario de organización del PP de Galicia y supuesto número dos de la trama de corrupción Pablo Crespo.

El escrito presentado por Anticorrupción asegura que la declaración de los empresarios y la solicitud al Ministerio de Hacienda para que le remita los contratos públicos adjudicados entre 2002 y 2013 a sus empresas “adolecen de falta de concreción y su amplitud puede perturbar el correcto desarrollo de la investigación”.

DILIGENCIAS “DESPROPORCIONADAS”

Anticorrupción entiende que las pesquisas ordenadas por Gómez Bermúdez son “innecesarias y también desproporcionadas” y que no sirven “para cumplir y satisfacer la finalidad perseguida”.

El Ministerio Público considera que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 debe limitarse en este momento a resolver sobre la inhibición a favor de Ruz, solicitada por la Fiscalía el pasado viernes y que Gómez Bermúdez, a pesar de admitir la querella de IU, todavía no ha resuelto.

El departamento dirigido por el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, entiende por lo tanto que Gómez Bermúdez no puede practicar ningún tipo de diligencia hasta que no se pronuncie sobre su inhibición a favor de Ruz.

Por este motivo, el escrito presentado hoy recuerda que, “en el momento procesal en el que nos encontramos, y atendidas las circunstancias que afectan a la competencia”, la “actividad principal” de Gómez Bermúdez “ha de ir dirigida a resolver sobre su competencia, evitando la doble instrucción sobre los hechos”.

El escrito recuerda a Gómez Bermúdez que en el auto que dictó este lunes, con el que admitió a trámite la querella, daba traslado a IU de la petición de inhibición formulada por Anticorrupción. La Fiscalía va más allá y asegura que los propios querellantes defendieron en su escrito la competencia del juez Ruz para investigar los hechos.

DIRIGENTES DEL PP

Anticorrupción critica que Gómez Bermúdez haya accedido a imputar a Bárcenas, Lapuerta, Crespo y nueve empresario pero haya decidido dejar fuera de la causa a los dirigentes del PP contra los que se dirigía la querella, tales como Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo.

Señala este respecto que si “la base para asumir y dar crédito a los hechos sobre los que decide investigar son los que se relatan en la querella y documentación que acompaña”, no tiene sentido que deje fuera sin más explicación a los dirigentes del PP.

Anticorrupción entiende que, si tanto la implicación de los empresarios como la de los dirigentes populares se base en la documentación publicada por el diario ‘El País’, la decisión de Gómez Bermúdez de dejar fuera a Rato, Acebes y Trillo nace de una

“interpretación no justificada del instructor”.

Anticorrupción también critica por “sorprendente” la decisión de Gómez Bermúdez de pedir a Ruz que le entregue varios de las actuaciones que ha realizado en el marco del ‘caso Gürtel’, tales como el informe en el que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional avaló las conexiones entre la trama de corrupción y la supuesta contabilidad B del PP.

También censura que Gómez Bermúdez sostenga que la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos. “nos resulta extraño pues hemos mantenido la competencia del Juzgado Central de Instrucción número 5 y, por tanto, de la Audiencia Nacional”, señala el escrito.

La Fiscalía, por último, solicita a la Sala de lo Penal que, antes de tomar una decisión, recaben la querella del PP y el escrito en el que el propio Ministerio Público solicitaba a Gómez Bermúdez su inhibición.

A pesar de que el recurso ha sido interpuesto directamente ante la Sala de lo Penal, es el juez Gómez Bermúdez el que debe tramitarlo, por lo que los tiempos para resolución dependen en parte de él.