Promovida por el PNV, la proposición contó finalmente con el apoyo de CiU y del PP, tras acordar una emienda transaccional que salió a adelante con 27 votos a favor y 14 en contra.

En ella se defiende la necesidad de calcular el precio de un título por estudiante a partir de una política de costes totales, y se recalca la importancia de establecer “un listado previo” con todos los conceptos que se tendrán en cuenta a la hora de analizar los citados costes como reclamaba CiU.

Según la diputada del PNV Isabel Sánchez, actualmente el precio público de los estudios universitarios no se estima en función “de los costes totales, sino de los distintos grados de experimentalidad con, digamos, poco rigor”.

De ahí, que tras el “análisis exhaustivo” que propone la iniciativa, ésta también reclame que en la Conferencia General de Política Universitaria se fijen “unas tasas acordes” con dichos resultados.

Finalmente, Sánchez apuntó que ello permitirá “mantener la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a la educación superior, mediante un sistema general de becas que se ajuste a los costes reales de las titulaciones de grado y máster”.

La proposición establece, además, que se hará un “uso óptimo de los recursos disponibles a través de la aplicación de criterios de rendimiento académico junto a los de renta y patrimonio y condiciones socioeconómicas.