Durante su intervención en el "Fórum Europa. Tribuna Galicia", organizado por Nueva Economía Fórum, Mato denunció que el Estado "ha ido mermando y congelando" las partidas presupuestarias destinadas a la aplicación de la norma, hasta el punto de que la Xunta asume hoy "el 80% de la financiación".

La titular de Trabajo instó al Ejecutivo central a "ajustarse" a lo estipulado en la ley, aprobada en 2006, y asumir el 50% de la inversión. Denunció que algunas personas llevan "más de dos años esperando a ser atendidas" y aclaró que los 440 millones que reclaman al Estado son "sólo para atender las solicitudes ya recibidas, con un número que crece permanentemente". En 2009 cifró en 100 millones de euros la cantidad que esperan recibir del Gobierno central.

TRAMITACIÓN MÁS RÁPIDA

Mato remarcó que dar cobertura a la Ley de Dependencia es "uno de los pilares" del Gobierno autonómico y anunció que en diciembre verá la luz un proyecto de decreto que reducirá el proceso de tramitación a seis meses.

"Cuando llegamos al Gobierno encontramos la desagradable sorpresa de más de 30.000 personas en lista de espera y un auténtico caos organizativo", señaló.

En esta línea, afirmó que el PP ha tratado de "poner orden" incrementado un 35,8% el número de dependientes atendidos desde su llegada a la Xunta, con una inversión de 28 millones destinada a la tramitación. "Cumplimos con nuestro compromiso de atender a 16.500 grandes dependientes, porque a estas alturas ya llevamos 16.800", puntualizó.

3.000 EMPLEOS CUALIFICADOS

La consejera hizo hincapié en las ventajas de creación de empleo que tendrá la aplicación de la ley y estimó que en Galicia se crearán unos 3.000 puestos de trabajo hasta 2014, mientras en toda España se estima que serán 300.000.

Resaltó que se trata de empleo cualificado, entre cuidadores especializados en geriatría, piscólogos, terapeutas y demás profesionales del sector.

"El objetivo es obtener un servicio especializado prestado por profesionales; no pueden ser meramente prestaciones ecónomicas", apuntó, para concluir su intervención reiterando el llamamiento al Gobierno central para que "asuma su responsabilidad" en la financiación.