Así lo anunció este martes el ministro de Educación, José Ignacio Wert, tras la Conferencia General de Política Universitaria, en la que se decidió “el calendario a seguir” de cara a la reforma.

Según Wert, será la Comisión Delegada de esta Conferencia, “donde suelen estar los directores generales” y también representantes del Ministerio, la que se ocupe de estudiar el informe.

La Comisión realizará este encargo de forma paralela al grupo de trabajo que con el objeto de analizar la reforma acordaron hace unos días crear el Ministerio de Educación y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

Tras estos dos meses se convocará una nueva Conferencia General de política Universitaria dedicada “de forma monográfica al informe”, apuntó Wert, y una vez hecho esto, se pondrá en marcha un “instrumento tripartito entre Ministerio, comunidades autónomas y universidades para profundizar en el análisis e incorporar nuevas cuestiones que puedan surgir”.

Además, el Ministerio iniciará una ronda de contactos con sindicatos, estudiantes y demás actores “internos y externos” del sistema universitario, a fin de que para el año que viene (o como máximo en esta legislatura) esté ultimado el instrumento legislativo necesario que haga posible la reforma.

Ahora bien, Wert precisó que esta no tiene por qué implicar una “ley cerrada” como la que su departamento prepara en la educación no universitaria (la Lomce), sino que “habrá cuestiones que no requieran cambios normativos, otras que se puedan modificar mediante decretos de las comunidades autónomas” y ciertos aspectos que sí necesiten modificar alguna ley.

Wert quiso destacar que “existe total consenso” con las comunidades en cuanto “a este protocolo de actuación”, así como en la conveniencia de pedir un dictamen a la abogacía del Estado sobre los dos puntos del informe (referidos a selección del profesorado y a la gestión universitaria) que dos expertos apuntaron como “posiblemente inconstitucionales”.

CATALUÑA, EJEMPLO PARA EL RESTO

Según el ministro, la reforma “será flexible” a fin de que cada comunidad autónoma pueda adaptarla su realidad y necesidades. “Estamos emprendiendo un camino de mejora y lo que no podemos hacer es imponer corsés más restrictivos” a las autonomías, señaló Wert, para quien “los sistemas más flexibles son los que más éxito alcanzan”.

En su opinión, “la política universitaria de Cataluña ya ha anticipado muchos elementos que el informe define como necesarios, y aquí citaría también a la Comunidad Valenciana", agregó.

Por su parte, el secretario general de Universidades de la Generalitat, Antonio Castellá, valoró esta actitud y coincidió con los demás consejeros en la necesidad de seguir profundizando en el proceso de diálogo.