El origen del litigio se remonta a la creación, a finales de 2011, de la Compañía Operadora de Corto y Medio Radio Iberia Express, que desembocó en varias jornadas de huelga por parte del Sepla y en la cancelación de cientos de vuelos.

Para resolver el conflicto, el Gobierno designó un mediador entre las partes, Jaime Montalvo, cuyo primer laudo, de mayo de 2012, fue anulado por la Audiencia Nacional al no haberse escuchado a Iberia Express, decisión que ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Con posterioridad, en el mes de diciembre del año pasado y una vez escuchada a Iberia Express, el mediador dictó un segundo laudo para poner fin al conflicto que ahora tanto Iberia como su filial recurren al entender que el árbitro no estaba legitimado para ello y, además, carecía de imparcialidad.

Los magistrados de la Sala de lo Social consideran que no pueden anular el segundo laudo, como piden ambas aerolíneas, ya que lo que decida el Tribunal Supremo sobre el primero “constituye un presupuesto esencial y determinante para la resolución del presente litigio, puesto que la estimación de cualquiera de los recursos dejaría sin sentido el laudo aquí impugnado pudiendo tener lugar pronunciamientos contradictorios sobre su validez”.

Entienden que “no se trata de dos laudos independientes que puedan validarse o invalidarse de modo separado, puesto que el segundo sustituye al primero y no tiene absolutamente ningún sentido si el primero permanece”. Se trata de un mismo proceso arbitral con dos fases, concluyen.