Así consta en el artículo 10 del anteproyecto de ley de Acción Exterior y Servicio Exterior, al que tuvo acceso Servimedia, que justifica esa regulación y coordinación en la necesidad de "garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley".

Por ejemplo, la "unidad de acción en el exterior", la lealtad institucional y coordinación" de la acción exterior, su "planificación" y "coherencia" y el "servicio al interés general", tal como marca la exposición de motivos.

La ley pretende otorgar un marco regulador único y coherente a la acción exterior de España y adaptarla a los nuevos tiempos, que han visto una proliferación de sujetos que realizan acción exterior, la importancia de la diplomacia económica y la incorporación de España a la acción exterior de unidades supraestatales como la UE y la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

En su título preliminar, aclara que la política exterior es competencia exclusiva del Gobierno central y supedita a ella la acción exterior de los distintos sujetos con capacida de ejercerla, de tal modo que al menos no la contradigan o dificulten.

En el primero, enumera a dichos sujetos y los variados ámbitos en los que puede desarrollarse la acción exterior, desde la defensa hasta la justicia, pasando por la economía, la cooperación, el cambio climático, la cultura, el deporte y otras materias semejantes.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Dentro de él, pone al Ministerio a disposición de los diversos sujetos de acción exterior, incluidas las comunidades autónomas, y a su vez faculta al primero para recabar su colaboración. Lo que hagan las comunidades y otros sujetos estará supeditado a los principios de esta ley y a las directrices de la política exterior estatal.

El Gobierno emitirá informes previos de los acuerdos que pretendan firmar para garantizar que cumplen la ley e "impulsará" la integración de las oficinas autonómicas en el exterior en las estatales, aunque el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha insistido en que esta posibilidad no será obligatoria.

En el título segundo, establece una serie de instrumentos de planificación y evaluación de la política exterior, con una Estrategia de Acción Exterior para cuatro años aprobada en Consejo de Ministros a propuesta del de Exteriores, un Plan de Cooperación para el mismo plazo, planes anuales de acción exterior y promoción de la Marca España y un Informe de Acción Exterior que examine anualmente lo realizado.

El tercero señala al Consejo de Política Exterior como el órgano donde se centralizará ésta última con la presencia del presidente del Gobierno, el vicepresidente y diversos ministerios. Dentro de él se creará un Grupo de Emergencia Consular para asistir a los ciudadanos españoles que sufran una catástrofe natural o humanitaria en el extranjero. El cuarto, finalmente, organiza y sistematiza todo lo relativo al Servicio Exterior.