Falciani está reclamado por Suiza por haber aprovechado su trabajo en el banco HSBC del país helvético para copiar y revelar los datos de 130.000 cuentas de presuntos evasores fiscales, una información que ha servido para abrir en España procesos judiciales por delitos de corrupción y de blanqueo de capitales.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el órgano que deberá decidir sobre la extradición, ha solicitado al instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, poder acceder a las comisiones rogatorias enviadas una veintena de países, entre ellos Suiza, sobre los movimientos de dinero de los imputados en la trama de corrupción, incluidas las operaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas.

El tribunal necesita esta información, solicitada por la defensa de Falciani, para la vista de extradición que celebrará el 15 de abril en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid).

VARIOS TESTIGOS

La Sección Segunda, presidida por Ángel Hurtado, ha citado como testigos para la vista de extradición al antiguo secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y al que fuera director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. Pedroche y Ocaña ocuparon los referidos puestos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en el momento en el que recibió en España la información destapada por Falciani.

El tribunal también ha citado como testigo, a través de una providencia dictada hoy, a Eric de Montgolfier, el fiscal francés que se encargó inicialmente de investigar los evasores franceses que aparecían en la información de Falciani.

Los magistrados también solicitan a las autoridades francesas que certifiquen “la colaboración prestada (aportación de información relevante) por Falciani” con la justicia del país galo “para el descubrimiento e investigación de delitos graves”.

DELITO BANCARIO

Suiza reclama a Falciani por haberse presuntamente aprovechado su puesto de trabajo en el HSBC de Ginebra para acceder a datos personales y financieros de clientes de la entidad relativos al periodo entre febrero de 1997 y diciembre de 2000. La información incluye datos de cuentas bancarias, listas de clientes y rentabilidad, así como información sobre los gestores y las visitas.

El informático transfirió este material a sus ordenadores privados y transmitió una parte a un agente del fisco francés. Posteriormente, el antiguo empleado del HSBC contactó con distintos gobiernos de Europa para ofrecerles los datos

En base a estos hechos, Suiza acusa a Falciani de difundir los datos “en beneficio propio”, es decir, exigiendo dinero a cambio, “sin evidenciar o informar sobre eventuales sospechas de la comisión de delitos de corrupción o de blanqueo de capitales”.

“Tenía la intención de vender y sacar provecho de los datos que había sustraído y ello antes de cualquier contacto con las autoridades del sistema bancario suizo”, señalaban en su informe a la Audiencia Nacional las autoridades helvéticas, que atribuyen a Falciani delitos de sustracción de información, de violación del secreto comercial y de violación del secreto bancario.

COLABORACIÓN CON ESPAÑA

La fiscal encargada del caso, Dolores Delgado, destacó en un escrito remitido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la colaboración del informático con los investigadores españoles. La representante del Ministerio Público sostiene que no existen pruebas de que Falciani llegase a vender los datos que obtuvo, aunque reconoce que su primera intención fue la de comerciar con ellos.

“La única divulgación efectiva que finalmente el reclamado hace de esas informaciones es la de transmitir la información a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales que inician procedimientos a partir de las mismas”, señala el escrito de la representante del Ministerio Público.

La fiscal subraya asimismo que, gracias a los datos de Falciani, se han abierto procesos judiciales por delitos de corrupción y blanqueo en Francia, Italia y España. La lista también fue de utilidad para la investigación abierta en el Senado de Estados Unidos contra el supuesto sistema de lavado de dinero del HSBC.

La Sección Segunda de lo Penal decidió el pasado 18 de diciembre dejar en libertad al informático mientras se tramita su procedimiento de extradición. El tribunal le impuso la obligación de comparecer cada tres días en la comisaría y la prohibición de abandonar España, según se recoge en el auto hecho público hoy.

El informático estaba en la prisión madrileña de Valdemoro desde que fue detenido en España el pasado 1 de julio.