Para ello, recomienda al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas actuar a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del Plan de Pago a Proveedores, de la Línea ICO Comunidades Autónomas o de otros instrumentos financieros semejantes.

También propone congelar los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social de las empresas y organizaciones que presten servicio a los más desfavorecidos, como menores, mayores o personas con discapacidad.

A través de las quejas recibidas y de la información requerida a las administraciones implicadas, la Oficina del Defensor del Pueblo ha podido constatar que la morosidad de las administraciones públicas está teniendo un fuerte impacto en la atención social, agravado por la especial vulnerabilidad de los beneficiarios de estos servicios.

La defensora informa en un comunicado de que ha advertido al Ministerio de Hacienda que el cierre de este tipo de empresas y organizaciones dejaría desatendidos a los usuarios con el consiguiente “riesgo de una quiebra del sistema social de protección de consecuencias imprevisibles”.

Para evitarlo, la institución propone que los instrumentos financieros puestos en marcha por el Gobierno para favorecer la liquidez y disminuir la morosidad de las administraciones públicas favorezcan el pago de los compromisos adquiridos en el ámbito social.

Además, el Defensor del Pueblo ha sugerido que, cuando las administraciones necesiten pedir un crédito para atender obligaciones vinculadas con servicios sociales básicos puedan beneficiarse de tipos de interés preferentes.

Por último, Soledad Becerril recomienda también que el Gobierno establezca medidas que favorezcan el pago de programas de gasto en servicios sociales básicos. Para ello, ha propuesto que los instrumentos financieros que ofrecen liquidez a las administraciones –FLA, ICO y Plan de Pago a Proveedores- obliguen a dedicar a gasto social al menos el mismo porcentaje ya comprometido en los presupuestos de cada Administración, salvo que ésta acredite que tales gastos ya han sido atendidos.

Para apoyar a las empresas y organizaciones que prestan estos servicios, la defensora ha propuesto que se congelen las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de quienes deban afrontar situaciones de impago de las administraciones públicas, hasta que no tengan satisfecho su crédito.