El Ministerio y la Junta llegaron hoy a un acuerdo, en la reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, celebrada hoy en Madrid, sobre la cuantía, los medios y el procedimiento de pago de las asignaciones de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Esta disposición recoge una obligación ya fijada en la norma estatutaria andaluza de 1981, por la que los Presupuestos Generales del Estado debían consignar, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para hacer frente a las especiales circunstancias socioeconómicas de Andalucía en aquel momento.

El nuevo Estatuto de Andalucía determina que, en el plazo máximo de tres años desde su entrada en vigor, es decir, antes del 20 de marzo de 2010, se debe hacer efectiva la cantidad acordada por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía.

420,2 MILLONES EN ANTICIPOS

En línea con el acuerdo en la Comisión Bilateral Cooperación Junta de Andalucía-Estado celebrada el pasado mes de marzo, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales ha fijado la cuantía definitiva de las asignaciones complementarias de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto andaluz en 1.204,41 millones.

De esta cantidad, el Gobierno ya abonó 420,20 millones de euros en dos pagos realizados en 1996 y en 2008.

Sobre la cantidad restante, 784 millones de euros, hoy se acordó que el Estado transferirá a la Comunidad la titularidad de las participaciones accionariales en la Sociedad Estatal de Gestión de Activos (Agesa) y de algunas propiedades estatales reclamadas por la Junta.

Después de muchas especulaciones sobre si el Estado liquidaría finalmente la deuda con la Junta en especies, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, despejaba ya las dudas esta mañana aludiendo a que le pediría a Economía el pago en suelo.

La forma de liquidación de la deuda ha sido durante los últimos meses un arma arrojadiza entre socialistas y populares en Andalucía. Éstos últimos con el argumento de que esta cuantía debía abonarse en asignaciones complementarias en los Presupuestos Generales del Estado destinads a sanidad, educación y servicios sociales, tal y como recoge el Estatuto andaluz.