El acto contó con la colaboración de Aedenat y Greenpeace, cuyos portavoces explicaron a los asistentes las graves consecuencias que supondría para el entorno natural la instalación de la planta y especialmente, los problemas de salud que conllevan para los habitantes de las localidades colindantes.

El portavoz de Aedenat, Jesús Cabases, aporvechó para criticar la ley de residuos tóxicos, que calificó de "fracaso" ante la ausencia total de control del volúmen de los residuos y apostó pr la creación de nuevos sistemas de producción limpia.

El alcalde de Monteagudo, Javier Moreno, dijo sentirse nervioso ante el rechazo suscitado entre la población. Esto ha motivado que los munícipes de las localidades colindantes, tanto sorianas como aragonesas, hayan constituido una coordinadora para conjugar sus acciones contra la construcción de la planta.

Como primera medida, los alcaldes han decidio presionar a la Junta de Castilla-León para que detenga cautelarmente el proyecto mientras serealiza un nuevo estudio de impacto medioambiental.

En la primera reunión de representantes municipales, el alcalde de Monteagudo estimó que la instalación de la planta no se llevará a cabo si se demuestra que el proyecto no es bueno para la zona.

El técnico de medio ambiente de la Diputación de Zaragoza, Luis Medina, detalló las carencias que sufre el primer estudio de impacto medioambiental en lo que se refiere al transporte de mercancías peligrosas y las emisiones de gases que podrían producire en caso de accidente.

Los alcaldes esperan que, a la vista de la preocupación suscitada, la Junta acepte una prórroga del plazo para presentar alegaciones al proyecto, que concluye el 22 de julio.

Los alcaldes de Almazán y Burgo de Osma se unieron a las protestas. El primero de ellos, el socialista Angel Martín Vizcaíno, estimó que la construcción de la nueva planta afectaría además a la economía de la zona "porque va a desanimar la entrada de industrias alimentarias".