Prácticamente la totalidad de estos ciudadanos ignoraban su baja en el padrón, ya que en el año 1991 habían cumplimentado los trámites censales correspondientes.

Según fuentes municipales, el problema deriva del Instituto Nacional de Estadística (INE), que "incomprensiblemente" no trasladó al ayuntamiento la hoja que los agentes de este orgnismo rellenaon tras sus visitas a los distintos domicilios de la localidad.

Por otra parte, según los medios consultados por Servimedia, la normativa legal establece también que es deber de los ciudadanos comprobar las listas electorales, que para eso se exponen al público.

Se estima que unos 10.000 almerienses no pudieron ejercer su derecho al voto el pasado 6 de junio por no estar inscritos en el INE.

La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) hizo público hoy un comunicado en Almeía en el que hace referencia a "la mala gestión de nuestros gobernantes, puesto que los únicos responsables del estado de los censos son la administración y la legislación vigente al respecto".