Una tercera parte de esos inmuebles, más de mil, corresponden a Andalucía. Le siguen en este ranking Galicia, con 795 edificios; Canarias, con 36; Comunidad Valenciana, con 261, y Cataluña con 237 derribos.

Las edificaciones derribadas disminuían la superficie útil de las playas, alteraban su perfil transversal natural y suponían a menudo el origen de procesos erosivos, además de provocar, directa o indirectamente, diversos problemas de contaminación.

La Ley de Costas de 1988 establece el correspondiente régimen jurídico para la demolición de edificaciones ilegales que constituyan una barrera arquitectónica con un impacto especialmente ngativo sobre el litoral.