Según consta en el artículo nueve de dicha directiva, la factura del agua deberá estar sometida al principio de recuperación de los costes.

En este sentido, Fenacore y la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC) han mostrado su preocupación por la aplicación de la normativa y han exigido "una aplicación justa y proporcionada" de la Directiva Marco.

"La aplicación de la recuperación íntegra de los costes del agua sobre las tarifas de los usuarios supondrá una amenaza para el regadío, hasta el punto de que podría llegar a desaparecer más del 30% y 40% del regadío español y portugués, respectivamente, por falta de competitividad", advierten.

Añaden que la desaparición de zonas regables supondría, por tanto, una pérdida importante de la aportación de la agricultura al PIB -cifrado en más del 20% en el caso español, si se incluye el complejo agroalimentario asociado-, así como la desaparición del turismo rural, la desertización de zonas rurales y la concentración de la población en grandes ciudades.

La aplicación de una política de precios al agua causaría, según los regantes mediterráneos, un grave impacto sobre los cultivos de interior, de regadío. "En contra de lo que se piensa, el aumento del precio del agua no supone un ahorro del consumo, sino que provoca que el agricultor pierda en algunas zonas el 40% de sus ingresos, obligándole a cambiar a cultivos de menos demanda hídrica y afectando a su renta agraria y competitividad".

Además, la repercusión de los costes en las tarifas del agua de los usuarios conllevaría la reducción de las áreas de cultivo de aquellos productos más demandantes de agua -como son el algodón, la remolacha y los hortícolas-, con la consiguiente pérdida de empleo para el sector agrícola y su repercusión en las industrias asociadas.