Los decretos establecieron un régimen provisional que permitió continuar funcionando hasta el 1 de enero de 1996 a los mataderos que no cumlían todos los requisitos establecidos en la nueva legislación.

En cuanto a las industrias cárnicas, en España existen unas 3.000 empresas, de las que 600 ya cumplen las condiciones técnico-sanitarias que establecen los decretos y cuyos criterios técnicos fueron pactados hace tiempo.

En la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud, el director general de Salud Pública realizó una exposición sobre el grado de cumplimiento de los decretos ante todos los consejeros de salud de las comuniddes autónomas.

La Administración pretende que su implantación se realice de forma homogénea en todas las comunidades autónomas "porque en algún caso puede implicar el cierre de instalaciones o el desenvolso de importantes inversiones".

Juan José Francisco Polledo explicó que muchas de estas industrias son pequeñas empreas, a las que inversiones como éstas supone un gran problema. "Cumplir la normativa cuesta mucho dinero, además un empresario generalmente asume bien una inversión que implique un umento en la producción, cosa que no sucede en en este caso", dijo.

La cuantía del desenvolso, en opinión del responsable de Salud Pública del ministerio, dependerá del grado de cumplimiento de decretos anteriores.

"Si estamos ante un matadero que ha cumplido tradicionalmente las normativas que se han sucedido las inversiones no son grandes, pero si se trata de una empresa que la última normativa que cumplió fue la de 1957 y no la de 1975 o de 1993, la inversión será muy fuerte, hasta el punto decuestionarse su viabilidad", añadió.